Un directivo de Acuamed tenía más de 100.000 euros en billetes de 500

Una de las líneas de investigación de la UCO es determinar si había un reparto del sobrecoste del 10 por ciento en las obras de la empresa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró, en el registro efectuado el lunes a uno de los detenidos de la empresa estatal Acuamed, «una importante suma de dinero en billetes de 500 euros» cuyo origen tratan de determinar los agentes, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

Además del director general, Arcadio Mateo, y la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco, fueron arrestados los delegados en Murcia y Valencia, pero las citadas fuentes no quisieron revelar a quién se le había encontrado el dinero por el secreto de las actuaciones dictado por el juez. En cualquier caso, la cantidad supera ampliamente los 100.000 euros.

Posible «reparto»

Una de las líneas de investigación que sigue la UCO es, precisamente, la de determinar qué hacían las empresas concesionarias de las obras con el sobrecoste –en torno al 10 por 100, aunque ese tanto por ciento podía ser superior o inferior–, que se les concedía desde Acuamed, y si se ha producido algún tipo de «reparto».

Entre los detenidos figuran también el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado; el director general de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini, y el presidente de la empresa Pipeline, Manuel Moreno Maestre, según informó Efe.

El hallazgo de la citada cantidad de dinero y que estuviera guardada en billetes de 500 euros se considera un hecho «significativo» para poder continuar las pesquisas.

A este respecto, se recuerda que el sueldo anual de Arcadio Mateo del Puerto ascendía a 128.893,85 euros, incluidas retribuciones «en especie» no sujetas a IRPF por un importe de 2.632,14 euros, según datos oficiales. Esta cifra representa 50.708 euros más que el salario del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya retribución es de 78.185 euros.

Tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición de ayer, el presunto fraude, cuya cuantía global podría superar los 20 millones de euros, consistía en conceder a las empresas adjudicatarias una cantidad en concepto de sobrecostes por circunstancias sobrevenidas durante la realización de las obras, que, en la mayoría de los casos, según ha podido comprobar la UCO, no se ajustan a la realidad.

Se trataba, por lo tanto, de un dinero de la Administración que pasaba a manos privadas sin que hubiera justificación para ello, y con una finalidad que los investigadores y la propia Fiscalía Anticorrupción creen que pudiera ser presuntamente delictiva.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, a su vez presidente del Consejo de Administración de la sociedad de aguas, en una comparecencia realizada ayer ante los medios de comunicación, subrayó que la dirección de la empresa está «garantizada» dado que él es su presidente y se «tomarán decisiones rápidas» sobre cómo debe articularse ahora la dirección de la sociedad. «Asumo las funciones que me corresponden como máximo responsable, como presidente, y las funciones de la dirección general estarán en manos de los responsables de la sociedad».

Destacó que las actuaciones que están siendo investigadas se vinculan con la presunta comisión de delitos de «prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos», aunque no se establecen acusaciones concretas. «Hay que tener en cuenta que estamos hablando de posibles delitos y por tanto se considera que tienen una gravedad suficiente para las decisiones que hemos adoptado en las últimas 24 horas».

Dijo también que su departamento se pone a disposición de la Fiscalía para todo aquello que requiera. Reveló que hace «más de un año» el Ministerio Fiscal solicitó una serie de informaciones a Acuamed, que fueron remitidas en noviembre de 2014 dando cuenta al Consejo de Administración. «Cualquier actuación que conozcamos y que pudiera tener relación y pueda aportar algo nuevo a lo que en su día se envío y, desde luego lo que nos sea solicitado, se le va a remitir puntualmente».

Pidió a la Abogacía General del Estado que se persone en las causas instruidas porque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el «máximo interesado» en que se esclarezcan los hechos.