Un «okupa» milenario

Devuélveme lo que no fue mío. Frase redonda de despecho que juega malas pasadas si se aplica para aterrizarlo en el negociado de los bienes inmuebles. Con esta premisa, el Gobierno quiere abrir una batalla para reclamar a la Iglesia las propiedades inscritas a su nombre esbozando un retrato de fondo de un prelado barroco frotándose las manos con caja registradora bajo el brazo y borrando de un plumazo el rostro de cuantos entregan su vida en esas parroquias olvidadas por la Administración.

La buena voluntad hizo que el Clero no registrara sus edificios señeros. Lo vislumbró Aznar y por eso instó a la Iglesia a hacer inventario con luz y taquígrafos, a través de la reforma de la Ley Hipotecaria. Así se hizo.

Aunque el uso no condiciona la titularidad, no menos cierto es que considerar a la Iglesia un «okupa» milenario de la Giralda, La Seo de Zaragoza o la Catedral-Mezquita de Córdoba no va con el sentido común. Como una inmatriculación por sí misma no es un mecanismo de adquisición de una propiedad cuando esa propiedad ya se tenía de hecho y derecho.

La Iglesia no busca ser un gestor inmobiliario. Nunca ha querido enriquecerse a costa del suelo; acumular edificios históricos genera más quebraderos que rentas. Aun cuando sean bienes de interés cultural, reciban turistas a mansalva y tengan un empujón de fondos públicos. Nunca es suficiente, porque son un pozo sin fondo.

Basta dejarse caer estos días por el Valle de los Caídos. Más colas que nunca. Quien cobra la entrada es a nueve euros es Patrimonio Nacional. De ahí se asigna una partida para los frailes. El resto, para mantenimiento. Siempre resulta deficitario.

La Iglesia ha demostrado ser mejor administradora sin más beneficio que ayudar. Cada euro renta el doble que en otros. A la vista están las auditorías externas que confirman que los monumentos eclesiásticos aportan a la economía española más de 22.000 millones al año, un 2% del PIB.Un «okupa» más que rentable.