Un Senado presidido cada seis meses por un presidente regional

Entre las posibles reformas que el PSOE ha barajado para el actual Senado, la que mejor responde a la necesidad de que en él se encuentre representada la voluntad política de cada comunidad es la del Bundestag o Consejo Federal alemán. Se trataría de un órgano consitucional en el que estén de modo relativamente proporcional a la población de cada territorio, los gobiernos de éstos. De ahí que el documento remitido a los barones por la dirección federal proponga la supresión de la actual Cámara Alta y diseñar una nueva Cámara de Representación Terirtorial.

Cada comundiad autónoma estaría representada por, al menos, tres representantes de su respectivo gobierno (presidente y dos consejeros), correspondiéndoles uno más por cada millón de habitantes. Además, todos estos representantes de cada gobierno autonómico habría de emitir su voto de manera unitaria sin que, por tanto, se pueda el mismo fragmentar. Acabaría, pues, la designación de los «senadores» mediante sufragio universal.

En todo caso, en la propuesta, los socialistas admiten una variante a este modelo en cuanto a la composición de la Cámara y la manera de ejercer el voto a la representación territorial. Así, con el fin de reflejar la pluralidad democrática de cada comunidad, se podría proceder a la designación de representantes autonómicos en la Cámara territorial, en el seno de la Asamblea autonómica con arreglo a un procedimiento que respete la composición plural de la Cámara.

Las decisiones se adoptarían, en todo caso, con carácter general, por mayoría simple de los votos salvo cuando para casos singulares (como leyes de armonización o reforma constitucional) se exigiese una mayoría cualificada.

Las leyes estatales cuya aprobación requeriría el asentimiento «inexcusable» de la nueva Cámara serán todas las que tengan un contenido de alta relevancia autonómica. Esto es que traten de materias o aspectos que de manera directa afecten al ámbito de los intereses propios de cada comunidad, sobre todo las que tengan «alguna carga financiera» para éstas.

Para todo ellos habría que cambiar el artículo 69 de la Constitución y también modificar la prohibición de mandato imperativo, en lo que respecta a los miembros del Senado, que hoy refleja el artículo 67.2 de la Constitución.

El PSOE plantea además que podría importarse de Austria la regla según la cual la presidencia de la Segunda Cámara correspondería a cada una de las comunidades autónomas por seis meses, de forma rotatoria según el orden alfabético.

El modelo que se propone aceptaría la autorización parlamentarios de los convenios de cooperación, con el fin de otorgarles valor normativo, siguiendo el modelo alemán. No obstante, la reforma debería aclarar el ámbito de los convenios de cooperación sometidos a la autorización de la nueva Cámara, para evitar problemas surgidos en la aplicación del actual artículo 145 de la Carta Magna.

El nuevo Senado participaría en asunto europeos en la fase ascendente, ratificando los acuerdos de las Conferencias Sectoriales y también en la designación de miembros de órganos constitucionales, como el CGPJ y el TC.

Se plantea también que en la nueva Cámara se celebren las Conferencias Sectoriales y que el cambio de sede desde los Ministerios al nuevo Senado de estas reuniones sería «altamente simbólico». Lo mismo se apunta para el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el principal foro de debate sobre las finanzas del Estado y su reparto territorial.

La propuesta se cerraría con la institucionalización de un órgano de encuentro del presidente del Gobierno central y los presidentes autonómicos, que sería la Conferencia de Presidentes, un órgano de cooperación vertical que debería reunirse, al menos, una vez al año y siempre que así lo solicite, o bien la mayoría de los presidentes regionales.