Una expedición de opositores venezolanos llega a Madrid el domingo

El partido Primero Justicia, con el diputado Julio Montoya al frente, trae a España los documentos que acreditan la presunta financiación de Podemos.
El partido Primero Justicia, con el diputado Julio Montoya al frente, trae a España los documentos que acreditan la presunta financiación de Podemos.

El domingo una expedición de opositores venezolanos llegará a España en busca de respuestas y justicia. El partido Primero Justicia, con el diputado Julio Montoya al frente, trae a España los documentos que acreditan la presunta financiación de Podemos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro a través de operaciones fraudulentas. Espera que el Congreso las reciba. Y que haya al mismo tiempo, colaboración para poder investigar de forma conjunta los lazos entre el partido español y la administración chavista.

Llegan a Madrid con la esperanza de ser escuchados, cosa que no ha ocurrido en Venezuela ,donde ya se han presentado dos denuncias al respecto. Una ante la Fiscalía General de la República y otra entregada por el partido de los Dirigentes del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei).

Debido a la censura y la concentración de medios por parte del Gobierno bolivariano, la realidad es que los venezolanos están conociendo a través de los medios de comunicación españoles los «beneficios» que Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, cofundadores de Podemos, se llevaron de las arcas venezolanas por proyectos, algunos inconclusos. Por eso vienen a la tierra que vio nacer la investigación. Aunque ellos también traen un informe debajo del brazo con pruebas que demuestran que las auditorías presentadas por la fundación de Iglesias y Monedero nunca se realizaron, y que en realidad, dichos montos se destinación a financiar el partido. Estos documentos habrían sido filtrados por los servicios secretos venezolanos.

Desde Primero Justicia se quiere poner en marcha «una colaboración mutua» entre el Parlamento venezolano y el español e incluso «abrir una comisión formal de investigación en España para comprobar si efectivamente violaron alguna normativa de financiamiento de los partidos políticos», aseguraba el diputado Montoya en una entrevista a LA RAZÓN.

La delegación se encontrará con varios dirigentes del Partido Popular y el PSOE. Además, Montoya entregará otro informe ante el Tribunal de Cuentas español y se reunirá con parlamentarios españoles y con las autoridades andorranas que dirigen la investigación de las cuentas de venezolanos asociadas a un presunto blanqueo de dinero proveniente de instituciones públicas.

«También vamos a acudir al Parlamento en Panamá para que nos ayuden en la investigación que tiene que ver con Panamá», dijo el diputado al recordar que en ese país también se han descubierto cuentas de venezolanos con fondos de dudosa procedencia. «No vamos a dejar que el Gobierno silencie el caso de corrupción más descriptivo, más preciso», dijo, y señaló que Venezuela debe conocer «¿en qué sector del Gobierno se sacaba el dinero?» y «¿por qué banco se lavaba el dinero?».

Indicó que «varios banqueros en Venezuela van a tener que dar explicaciones», pues esta irregularidad sólo pudo darse con la complicidad de la banca nacional. «Todos los bancos de este país están obligados a informar a la oficina de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera cuando están en presencia de recursos que son extraños; los banqueros en Venezuela no lo hicieron», reclamó.

El Parlamento de Venezuela acordó el 24 de marzo pasado abrir una investigación sobre los presuntos vínculos de cuatro ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos en un caso de blanqueo de dinero en España, siempre que la bancada opositora presente pruebas. Ese mismo día, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó de que pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos sospechosos.

La Banca Privada de Andorra (BPA) está actualmente intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en EE UU por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico. En la investigación se menciona, entre otros, al empresario venezolano Diego Salazar, primo del ex presidente de la estatal Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez, que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, bloqueados pocos días después.