Una fundación con sueldo de ex presidente y escolta

El ex president quiere financiar «una sede del gobierno» en Waterloo.

En plena campaña electoral en Cataluña, Carles Puigdemont, muy bravo él, renunció a su salario como ex presidente de la Generalitat bajo el argumento de que no era ex president, sino un president en activo a pesar de haber sido cesado por la aplicación del artículo 155. Su renuncia fue efectiva al no contestar los requerimientos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en aquellas tumultuosas semanas le dio un plazo de diez días para acogerse al Estatuto de los ex presidentes catalanes y así percibir una asignación anual de 112.000 euros.

Ahora Puigdemont percibe su salario como parlamentario, aunque no ha puesto un pie en el hemiciclo del Parc de la Ciutadella. Su objetivo actual es ser reconocido como presidente en el exilio y residir en Waterloo en una mansión bautizada como Casa de la República, y convertirla en su centro de mando. Para ello, necesita una estructura estable y en estas lides está el ex presidente catalán. Además de negociar con ERC si da un paso a un lado, cuál será el gobierno y qué hoja de ruta seguirá, también se negocian temas más prosaicos como el salario del ex presidente, de su equipo de trabajo, para hacer de la mansión de Waterloo una «sede del gobierno en el exilio», donde Puigdemont quiere «internacionalizar el conflicto», con permiso de Anna Gabriel, y controlar las cuerdas de un gobierno títere en Barcelona.

Para todo esto se necesita dinero y Puigdemont ha puesto el tema encima de la mesa. ERC ya le ha dicho por activa y por pasiva que no «se puede financiar nada de esto con dinero público». Ante la negativa, los «chicos del president» han solicitado que el nuevo gobierno de la Generalitat le reconozca la constitución de la Oficina del ex president. Según la imaginativa de los asesores de Puigdemont, «renunció al salario de ex president, pero no a la creación de una oficina a la que tiene derecho», con este peregrino argumento: «En ningún sitio está escrito que el ex president tenga su oficina en Cataluña».

Ciertamente es peregrino, pero fuentes jurídicas consultadas no lo ven imposible porque «en ningún sitio se fija la ubicación». Así las cosas, se puede dar la paradoja de que la mansión de Waterloo la pague la Generalitat porque el alquiler y los gastos de la oficina corren a cargo del Departamento de Presidencia, así como el salario de un jefe de gabinete, una secretaria técnica nivel A y una secretaria nivel C. Además, el gobierno de la Generalitat debería adjudicar un servicio de escoltas más un coche oficial que correrían a cargo de la Consejería de Interior. Uno de los escoltas es el conductor del vehículo oficial. Además, el gobierno catalán asume unos gastos asignados en presupuestos de la Oficina. Estos gastos anuales ascienden a algo más de 30.000 euros, la gran parte destinados al pago –desplazamientos y comidas– del servicio de escoltas, además de otros como material de oficina, prensa, etc.

En ERC está propuesta se recibe con escepticismo, porque la Casa de la República que Puigdemont piensa dirigir en Waterloo podría incurrir en un caso de «usurpación de funciones», porque lo que quiere poner en marcha Puigdemont es una especie de gobierno paralelo que tutele al que resida en la Plaza Sant Jaume de Barcelona. «No se puede validar esta opción porque puede poner bajo tutela judicial a funcionarios y altos cargos de la Generalitat. Hay que valorar otras opciones que no pasan por el dinero público», argumentan personas conocedoras de las negociaciones, que apuntan «que se la paguen sus amigos». Es esta sugerencia la que está tomando forma y Puigdemont podría presidir una Fundación Privada que recibiera las donaciones de «sus amigos» para dar forma a su presidencia interina como líder de la Casa de la República. Otras fuentes consultadas apuntan a otra opción para Puigdemont para sortear los impedimentos legales argüidos por ERC: «Que la Oficina fije su residencia en la Delegación que la Generalitat tiene en Bruselas. También opinan los partidos constitucionalistas. «O sea que ahora Puigdemont se plantea recuperar la oficina del ex president, porque se considera y se reconoce como ex president», se preguntan con una cierta ironía.

La ley que regula el estatuto de los ex presidentes la aprobó el Parlament en 2003. Pero los «derechos y prerrogativas reconocidos pueden ser revocados por acuerdo del Pleno del Parlament» si consideran sus señorías que «no concurren las condiciones de honorabilidad necesarias». Esta última casuística podría afectar a Puigdemont, pero también a Artur Mas.