Una reforma «inviable» en aritmética y tiempo electoral

El «deseo» de una reforma «urgente y viable» de la Constitución que Meritxell Batet ha lanzado como iniciativa estrella de su legado al cargo del ministerio de Política Territorial y Función Pública de España no parece ser compartido por algunos expertos constitucionalistas con los que se ha puesto en contacto LA RAZÓN. La catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes, que sí es partidaria de abordar una reforma general para adaptar la Carta Magna al contexto sociopolítico actual, duda en cambio de la viabilidad de emprender una modificación para sustituir el actual modelo autonómico por uno federal. «Para empezar, debería definir qué tipo de sistema federal. ¿El de EE UU, el de Alemania, el de Austria? Me parece una propuesta un poco hiperventilada, ha lanzado unos hitos sin la suficiente explicación», opina. Una vez definido el modelo, prosigue, conseguir el consenso parlamentario necesario se le antoja una misión cuasi imposible. Porque, argumenta, lo que la ministra propone es «rehacer el modelo de Estado y reformar el título preliminar, por lo que no se seguiría un procedimiento ordinario, sino agravado». En el primer caso se necesitaría de un apoyo de tres quintas partes del Parlamento, pero en el segundo, de dos tercios –es decir, el apoyo de 234 diputados y 177 senadores–, pero además disolver las Cámaras y convocar elecciones. Teniendo en cuenta la composición política del Congreso y del Senado, el consenso requerido se resistiría con la probable oposición de PP y de Ciudadanos. Sumado a estas consideraciones, el experto constitucionalista y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Rodríguez, afirma que abordar la reforma de la Constitución requiere de un proceso muy largo, no es una cuestión que se puede resolver en unos meses, y en 2020 por ley se agota la legislatura de Pedro Sánchez. «Son unas declaraciones que buscan repercusión mediática, pero la propuesta no tiene recorrido ni político ni jurídico», explica. «Este Gobierno tiene muy difícil legislar». Asimismo, Rodríguez explica que «no tiene sentido» un modelo federal en el contexto actual. «Para llegar a un Estado Federal las entidades políticas se alían previamente para formar algo nuevo que reúna a todas. Es un paso de confederación a federación desde la unión. Pero no nos vamos a unir para desunirnos después, el modelo federal asimétrico es un insulto a la inteligencia». La otra iniciativa de Batet de intentar recuperar el Estatuto catalán de 2006, considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2010, para iniciar el diálogo con el soberanismo catalán también figura dentro del escepticismo de los analistas.

«A diferencia de como se explicó, el TC sólo se declaró contrario a la Constitución el artículo que pedía un poder judicial independiente al español, lo que hizo fue hacer 13 incisos en en el resto de los artículos», afirma Freixes. «Pero no se puede recuperar ese estatuto, habría que redactar uno nuevo, que pase por las Cortes Generales, aprobar una ley orgánica y, por supuesto, afrontar el recurso ante el TC. Además, la composición del parlamento catalán es muy distinto ahora al de entonces. Es frívolo presentar iniciativas sin ahondar en su profundidad».