«Yo cobro, tú cobras, nosotros cobramos... ellos cobran»

El administrador de Ruta Energética, vinculado a Marjaliza, se jacta de los beneficios obtenidos por la trama.

«Yo cobro, tú cobras, él cobra, nosotros cobramos, vosotros cobráis, ellos cobran». Quién así se expresaba de forma tan simbólica, y en un tono más que jovial, era Antonio Cándido Ruiz García, administrador de la empresa Ruta Enérgica, una de las vinculadas a la trama empresarial dirigida, presuntamente, por David Marjaliza, en la conversación que mantiene el 9 de septiembre de 2014 con el ingeniero Rafael Laso, en relación con el contrato de eficiencia energética que finalmente adjudicó el Ayuntamiento de Parla, regido entonces por el socialista José María Fraile, a la empresa Cofely, a quien las investigaciones apuntan como una de las que pagaban comisiones a las sociedades del considerado «cerebro» de este red de corrupción por las «gestiones» realizadas ante las entidades públicas que sacaban contratos a concurso. El adjudicado a Cofely superaba los cuatro millones de euros anuales.

El mencionado Ruiz García explica a su interlocutor con toda naturalidad lo que había sucedido para que la empresa vinculada a Marjaliza hubiese obtenido unos pingües beneficios del citado contrato. «Lo de Ruta Energética lo hice yo en cuestión de lo que ellos comentaron que hacía falta, porque con eso, el Ayuntamiento ya paga, diciendo, bueno pues ha cumplido y ya pues dispone los fondos y paga a la empresa, y la empresa paga a la..., porque la Ruta Energética, que es para la que trabajamos, le paga la, curiosamente no lo paga el Ayuntamiento, lo paga también Cofely... Entonces si hay que hacer una modificación o lo que sea me lo dices para decírselo a ellos y si no pues para la firma cuando puedas remitírselo. Ellos cobran, nosotros cobramos. Osea yo cobro, tú cobras, él cobra, nosotros cobramos, vosotros cobráis, ellos cobran. (Ríe)».

De acuerdo con un informe policial que figura en el sumario de este procedimiento, en relación con el contrato se detectó que se había seleccionado como empresa auditora a la mencionada empresa Ruta Energética, lo que, a juicio policial, «encubre el pago de la comisión pactada con David Marjaliza por la adjudicación y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el contrato». De hecho, las investigaciones apuntan a que la comisión fue, como mínimo, del dos por ciento y se «ocultó» como la prestación de unos servicios dirigidos por una «oficina técnica independiente para evaluar la gestión de cumplimiento del contrato»

Este último extremo fue confirmado por la ex concejal socialista de Parla Victoria Muñoz cuando declaró, en calidad de imputada, ante la Guardia Civil. Al ser interrogada a tal efecto. La ex edil admitió que se había designado a Ruta Energética para realizar la «auditoría» sobre el cumplimiento del contrato millonario adjudicado a Cofely. «Eso es una condición que puso Elena –la ingeniero de caminos Elena Fernández, quien estaba asignada a Urbanismo–, que ella entendía que era bueno. Después preguntó por esa empresa y a día de hoy desconoce cómo se llama».

Elena Fernández asumió la elaboración de los pliegos de Prescripciones Técnicas después de que el alcalde, José María Fraile, decidiera retirar de ese encargo al ingeniero industrial de la concejalía de Obras Públicas, encargada de todo lo relacionado con el alumbrado público, porque ponía «muchas pegas» y no estaba nada de acuerdo con la propuesta del regidor. El ingeniero en cuestión había propuesto, según declaró la ex edil Victoria Muñoz, «recortar los pliegos» y aplicar un «plan director sobre situación del alumbrado», con el que se entendía que se podía ahorrar costes, mientras que Fraile entendía que esa reducción se gastos se lograba mejor con un «pliego a lo grande».

En su declaración aseguró que desconocía que si alguien de su departamento o de cualquier otro advirtió de alguna irregularidad en la elaboración de los pliegos que sirvieron para la posterior adjudicación del contrato. Sin embargo, sí adjuntó un informe en el que el interventor del ayuntamiento «en un primer momento informó acerca de su disconformidad con el contenido de los pliegos, si bien, tres días después, emite otro informe dando su conformidad». Sobre los motivos de ese giro tan radical no ofreció explicación alguna.