El viernes ha comenzado en Galicia, al menos en la Galicia política que atiende a cuestiones medio ambientales en función de por donde sople el viento y del estado de ánimo y el momento, de modo peculiar. Casi polémico, o sin casi. La Xunta, tal y como recoge el Diario Oficial de Galicia, ha otorgado la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto de la multinacional portuguesa Altri para construir una fábrica de fibras textiles en el municipio lucense de Palas de Rei.

Algo que, como recuerda el propio Gobierno gallego, no exime al promotor del deber de obtener el resto de autorizaciones, licencias, informes y permisos que sean exigibles desde un punto de vista legar para poder llevar a cabo este proyecto.

Uno que, no hace tanto, era defendido por unanimidad en el Parlamento de Galicia, con el voto a favor de PP, BNG y PSOE, pero que el tiempo y las urnas -tras la victoria electoral de Alfonso Rueda- transformó en una bala política medio ambiental de esas que la oposición no parece dispuesta a perdonar. Ello, más allá incluso del beneficio social, económico o industrial de una iniciativa que podría crear miles de puestos de trabajo en la región impulsando una industria novedosa.

Sea como fuere, lo cierto es que por ahora el DOG recoge la validación medioambiental del proyecto de Altri. Una resolución que confirma que es "ambientalmente viable" y estratégico para la comunidad, destacando sus ventajas "ambientales y económicas". Sin embargo, la autorización impone una serie de exigencias técnicas y medioambientales para minimizar el impacto de la instalación.

Requisitos

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el uso de agua. Se ha determinado que la planta podrá captar un máximo de 46.000 m³ diarios del embalse de Portodemouros, recurso que deberá ser gestionado con tecnologías avanzadas de control. La captación y el vertido de aguas afectarán a los municipios de Palas de Rei (Lugo), Santiso (A Coruña) y Agolada (Pontevedra).

Para evitar riesgos medioambientales, se han impuesto obligaciones específicas para el tratamiento de aguas residuales. Durante la explotación de la planta, las aguas industriales serán depuradas en una Estación de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (ETARI) con un caudal de vertido de 30.000 m³/día, mientras que las aguas residuales sanitarias se tratarán en una estación depuradora modular de 50 m³/día.

En cuanto a emisiones atmosféricas, la normativa impone la instalación de una chimenea de 75 metros de altura, diseñada para garantizar que las emisiones no superen los valores límite establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, sobre calidad del aire. Según los estudios realizados, la altura de la chimenea evitaría impactos negativos en la salud humana y el medio ambiente.

Además, se ha realizado un estudio de dispersión de olores, prestando especial atención a los núcleos poblacionales cercanos, y se ha determinado que el impacto acústico del proyecto no supone un riesgo ambiental significativo, siempre que se apliquen las medidas correctoras previstas.

Impacto socioeconómico

La empresa promotora ha presentado un estudio sobre el impacto socioeconómico del proyecto, en el que analiza aspectos como la demanda de eucalipto. En este sentido, la compañía defiende que la planta utilizará madera existente y excedentaria, evitando así la necesidad de incrementar las plantaciones. Asimismo, ha garantizado la aplicación de pautas de compra responsable y la adquisición de madera procedente de explotaciones forestales certificadas.

El informe ambiental también analiza la proximidad de elementos patrimoniales en la zona, entre ellos el Camino de Santiago. Para minimizar el impacto visual, se exigirá el rediseño de infraestructuras eléctricas y de acceso. Además, las obras deberán realizarse en el menor tiempo posible y, en la medida de lo posible, evitando su coincidencia con festividades y eventos socioculturales importantes en la comarca.

Se impone, además, la obligación de definir y presupuestar todas las medidas de mitigación ambiental antes de la aprobación definitiva del proyecto. En caso de que surjan impactos no contemplados en la evaluación actual, la Xunta podrá imponer nuevas condiciones o, si fuese necesario, requerir una revisión de la evaluación de impacto ambiental.