El uso del gallego o del castellano, con base en las normas vigentes sobre lenguas cooficiales, suele derivar, de modo periódico, en polémicas más o menos trascendentes. Es el caso de la denunciada hoy por A Mesa pola Normalización Lingüística, plataforma que se define como “independente, plural y apartidaria” y que, afirma, tiene como “único objetivo la promoción del uso del gallego en todos los ámbitos de la vida social propios de cualquier idioma”.

Uno de esos ámbitos es el educativo, donde surge esta última polémica. En concreto, en un examen realizado y corregido en la UNED y cuyo alumno, para añadir algo de morbo al asunto, es el exdirigente del BNG Bieito Lobeira.

Según su denuncia, la universidad a distancia no aceptó la corrección de su examen al estar escrito en gallego, lo que se tradujo en el correspondiente suspenso. Ahora, A Mesa eleva su lucha por el derecho a utilizar el gallego en los exámenes universitarios a la Audiencia Nacional, buscando la revocación de una sentencia que valida la decisión de la UNED.

El recurso presentado por A Mesa solicita que la Audiencia Nacional reconozca el derecho del alumnado a emplear la lengua cooficial del territorio en el que realiza sus pruebas. Sin embargo, la UNED ha defendido su postura alegando que su equipo docente “no tiene competencia ni instrumentos para evaluar una prueba redactada en un idioma diferente al castellano” y, por tanto, “no tiene la obligación de corregirla”.

“Perturbación grave”

Marcos Maceira, presidente de A Mesa, considera que esta política constituye “una perturbación grave e injustificada”, más, si cabe, si se considera que el alumno no pudo elegir una universidad en Galicia para cursar sus estudios porque la titulación no se oferta en las universidades públicas de la comunidad.

Asimismo, denuncia que esta exigencia “es una medida desproporcionada y arbitraria” que no persigue una finalidad legítima. Según explica, incluso una profesora de la UNED se ofreció a traducir el examen al castellano, pero la universidad mantuvo su exigencia de que el documento original estuviera redactado en español, lo que A Mesa considera un intento de “doblegar la voluntad y someter al estudiante”.

A Mesa indica que este caso es aislado, y afirma que existen más estudiantes que querrían examinarse en gallego, pero no pueden hacerlo por las consecuencias que conllevaría. Sobre esta base, confían en que este litigio pueda sentar un precedente que obligue a la universidad pública a permitir a los estudiantes gallegos a realizar sus exámenes en la lengua cooficial del territorio en el que se presenten.