Castilla y León
La España autonómica planta cara y se rebela contra las eléctricas en Valladolid
Acuerdo entre Castilla y León, Aragón, Andalucía y Castilla La Mancha para exigir el mantenimiento de las ayudas al sector.
Acto de hostilidad y de enemistad. Falta de compromiso. Un auténtico disparate. Una agresión. Una decisión difícilmente comprensible... De esta forma valoraban tanto el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera como altos cargos de Asturias, Aragón y Castilla La Mancha el recurso presentado por la compañías eléctricas (Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa) contra el decreto de ayudas al carbón nacional, que se ha debido paralizar.
«Un lobby de intereses económicos», señalaba Herrera, totalmente indignado, para advertir que el Gobierno regional no va a olvidar esta afrenta que deja en una difícil situación, no sólo a las cuencas mineras de la Comunidad, sino a todas las existentes en el resto de España.
Una decisión que han tomado, indicó, sin haberse dirigido en ningún momento a la Junta para abordar la problemática. Es por ello, que el presidente castellano y leonés anunció que la asesoría jurídica del Gobierno regional trabajará con la Abogacía del Estado para personarse junto con el Gobierno y defender así la legalidad de este decreto.
En este sentido, Herrera reclamó al Gobierno central que sea exigente con las compañías eléctricas en el cumplimiento de sus obligaciones y que si las incumplen sean duros con ellas. No es de recibo, dijo, que el carbón reciba 300 millones de ayudas públicas cuando sólo la eólica percibe más de 6.000 millones. «Es un contrasentido» ya que ellas poseen las centrales térmicas de la Comunidad y conocen que su actividad es básica para la supervivencia de las cuencas mineras y de 3.500 empleos.
El presidente de Castilla y León también trasladó al Ejecutivo regional la necesidad de dotar a España de un modelo de mix-energético, donde se fije una colaboración equilibrada de todas las fuentes de energía. Por ello, Herrera señalaba que en estos momentos «no es justo que ahora se olvide del esfuerzo desarrollado por el sector minero en su contribución al desarrollo económico y ahora se pretenda llevar al ostracismo a las cuencas mineras», declaró.
Manifiesto de apoyo
Respecto al manifiesto de apoyo al mantenimiento específico de ayudas al acceso de reservas para el carbón de España y Alemania, firmado por Castilla y León, Asturias, Aragón, Castilla La Mancha, Andalucía y las dos patronales del sector en el país español y alemán, Herrera declaró que brinda su apoyo al Gobierno para impulsar una buena línea de defensa al tratarse de un sector estratégico para España. «No se puede perder esa visión de lo social y del territorio», sostuvo.
El presidente consideró prioritario sentar las bases de partida para una buena negociación con la Unión Europea, ya que no se puede admitir que las ayudas al funcionamiento estén vinculadas al cierre de las explotaciones mineras en 2014. Unas ayudas que irán decreciendo en un 33 por ciento con el paso de los años. «Es un absurdo», lamentó Herrera para espetar que «están condenadas al cierre».
Por ello, desde el Manifiesto se exige que el plan de acceso a reservas tenga una vigencia superior a los diez años, y que nunca se condiciones estas ayudas a que se tengan que inscribir en un plan de cierre. Asimismo se reclama que tanto los Gobiernos de España como el de Alemania deben impulsar conjuntamente un marco en el que quepan los distintos planteamientos que en el seno de la Unión coexisten con respecto al carbón y que el Estado debe dar por concluida su reestructuración y apostar por la estabilidad de sector al menos, en sus volúmenes actuales.
«El mantenimiento de carbón es una ventaja para el equilibrio comercial», señalaba el consejero de Industria de Asturias, Graciano Torre, quien incidía en que el 27 por ciento de la energía eléctrica se produce con el carbón. Por su parte, el consejero de Ordenación de Territorio y Vivienda de Castilla La Mancha, Julián Sánchez, destacaba que las comunidades autónomas junto con el Gobierno se deben de aliar como grupo de presión para defender al sector.
Por último, Arturo Aliaga, consejero de Industria de Aragón, declaraba que «sería injusto si no hubiera una sensibilidad hacia el sector».
El consejero de Economía, Tomás Villanueva, advertía nuevamente de la situación crítica del sector con la paralización del decreto y advirtió que no va a haber nunguna entidad crediticia que adelante fondos a las empresas mineras.
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