Borrón y cuenta nueva

Madrid- No habrá una nueva ley de educación, pero sí reformas importantes en la estructura del Bachillerato y de la FP. No habrá que estudiar Educación para la Ciudadanía, pero sí una nueva asignatura «sin controversia» y sin tintes adoctrinadores que tendrá el nombre de «Educación Cívica Constitucional». Y habrá un cambio de enfoque importante en la educación: los estudiantes «pasarán de estudiar inglés a estudiar en inglés», dijo ayer el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en su primera comparecencia en el Congreso para anunciar sus reformas educativas.

De lo que se trata es de cambiar la situación de «estancamiento e incluso de retroceso de nuestro sistema educativo», dijo Wert. Así que las claves ahora están en «promover valores como el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor». En definitiva, se trata de poner en marcha una Estrategia de Calidad que abarque a todos los ámbitos de la educación.

En lo que afecta a los docentes, el Gobierno se plantea cambiar el sistema de acceso a la docencia aprovechando que, por razones demográficas, en los próximos diez años se jubilarán del orden de 200.000 profesores. El nuevo sistema deberá garantizar «la selección de los mejores» para que el profesor vuelva a recuperar su prestigio. Lo que no se demorará es el Estatuto del Docente, un marco básico que permitirá a los profesores desarrollar una carrera profesional desde su entrada hasta la jubilación y compensar a aquellos que hagan un buen trabajo. Wert también confirmó que se reconocerá a los profesores como autoridad pública.

Pero si hay algo que pretende potenciar el Gobierno es la «cultura de la evaluación» de los centros, ya que durante los últimos 30 años la educación «ha carecido de herramientas fiables para conocer el grado de progreso de los alumnos en competencias y conocimientos» y, sin embargo, «las familias reclaman este tipo de información» a la hora de elegir el colegio que quieren para sus hijos.

Wert anunció que seguirá las recetas de los países que obtienen mejores resultados en PISA. Es decir, fomentará la autonomía de los centros en el plano organizativo, curricular y de gestión económica. «Se dará más margen de acción a los centros para que tengan capacidad de adaptación a las necesidades de sus alumnos», dijo, pero, a su vez, estarán obligados a rendir cuentas de su gestión y se potenciará la profesionalización de los directores de los centros escolares. Además se crearán centros de especialización curricular en el ámbito lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y la comunicación.

Mención específica merece la universidad, con la que el ministro de Educación fue crítico. «Ahora, más que nunca, debemos trabajar para que la universidad retorne a la sociedad la gran cantidad de recursos que se han destinado a la misma». Y no sólo eso, también puso énfasis sobre «la falta de eficiencia que arrastra el sistema universitario español» lo que ha hecho «más penoso aún» el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Wert anunció que constituirá, a la mayor brevedad, un consejo de expertos de alto nivel para abordar estos asuntos y en un plazo de cinco o seis meses deberá facilitar un diagnóstico y recomendaciones para buscar la excelencia, la competitividad y la internacionalización.

En la ronda de preguntas, Wert dejó claró que el Gobierno «garantizará el derecho de todos los ciudadanos» a escoger la lengua vehicular de su preferencia en el sistema educativo. En otras palabras, se comprometió a que, por ejemplo, en Cataluña los padres puedan decidir si quieren que sus hijos estudien en catalán o en castellano. Y no desde la confrontación, sino que evitará «situaciones de litigiosidad», señaló . Así respondió al portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien sugirió recoger esta garantía por ley, algo que el ministro no considera necesario al haberlo refrendado ya el Tribunal Constitucional.

Adelantado por LA RAZÓN
En su edición de ayer martes, LA RAZÓN adelantó que la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) sería eliminada tras el anuncio del ministro de Educación en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Una medida aplaudida por las más de 55.000 familias que habían objetado a la presencia de sus hijos en clase.