Telecinco se expone a una multa de hasta medio millón de euros

Y en este juego del gato y el ratón, la cadena de Fuencarral terminó ayer por chocar, según todos los indicios, con la legalidad. La normativa en vigor exige que la programación deba ser concretada y puesta en conocimiento del regulador con tres días de antelación.

 Antes del límite, «Hispania» alteró sus planes, se mudó al lunes de la semana siguiente y Antena 3 programó para hoy el desenlace de «La princesa de Éboli». Telecinco, al día siguiente, movió a su vez ficha retirando de la parrilla su «tv movie». Ayer decidieron reponer para hoy mismo «Tierra de lobos», y añadieron un especial sobre su película «Felipe y Letizia».

En el Ministerio de Industria esperarán, como siempre, a que las cadenas cumplan con la programación que les remitieron en el plazo legal establecido antes de adoptar cualquier decisión. Si alguna empresa de televisión, como parece ser ahora el caso, no cumple el programa enviado, se abrirá una «incidencia» y se preguntará a la cadena afectada por lo ocurrido. De no convencer la respuesta, se iniciaría entonces un expediente hasta determinar, en unos meses, si se ha incumplido la ley. Una falta grave por contraprogramación puede suponerle a la cadena una sanción de entre 100.000 y 500.000 euros, según informaron a LA RAZÓN fuentes del departamento.

De «Cine de barrio» a «Los Serrano»
Prácticamente todas las cadenas han incurrido en algún momento en el mal de contraprogramación o, en todo caso, a ocultar información sobre el contenido concreto de sus parrillas de emisión, como llegó a ser el caso de los títulos de las películas de TVE en «Cine de barrio». Pero quizá el caso más conocido ocurrió en 2006, cuando Telecinco fue sancionada por el Consejo de Ministros con una multa de 350.000 euros por lo que se denominó «el serranazo». La cadena utilizó «Los Serrano», su entonces serie «estrella», para, mediante cambios del día de programación, hacerla coincidir con otra serie de Antena 3. Desde entonces la situación ha mejorado y, gracias a la nueva legislación, se han abierto otras vías distintas a la sanción económica para los casos más graves.