Cirugía para la Sanidad

El «tique sanitario» de la Generalitat de Cataluña ha puesto la lupa sobre uno de los ámbitos más críticos de la herencia socialista y que más preocupan al ciudadano como es la Sanidad. Existen numerosos datos que refuerzan la idea de que el Sistema Nacional de Salud debe ser sometido a una pronta cirugía de hierro si pretende seguir prestando servicio en términos de equidad y universalidad. Los hospitales públicos, por ejemplo, adeudan a los fabricantes de medicinas y a los proveedores de tecnología sanitaria 10.566 millones de euros, con unos plazos de pago que superan con creces los 400 días de media y llegan incluso a los 700. Pero hay más. Debilitadas por la falta de recaudación, fruto de la casi nula actividad económica, las autonomías se enfrentan a una angustiosa falta de fondos para cerrar el año y afrontar los pagos más elementales. Otros afectados por este drama son las farmacias, los profesionales –inmersos en un recorte de plantillas que tiene ya consecuencias en la calidad de la asistencia– y los pacientes, verdaderos paganos de la crisis. En esta tesitura afloran iniciativas tendentes a saldar deudas y poner el contador a cero, en espera de que el nuevo Gobierno contribuya a racionalizar el gasto y a generar más ingresos dedicados a Sanidad. Una de ellas es la posible emisión de bonos para pagar los débitos y negociar después con los proveedores mejores condiciones por los servicios prestados. Podría ser la solución, aunque el recurso a los mercados, formulado ya antes del verano por Andalucía y secundado durante las últimas semanas por un buen número de autonomías en reuniones internas, choca con la compleja situación financiera, y no está exento del riesgo del fracaso, vistos precedentes como la salida a bolsa de Loterías y de una parte de Barajas y El Prat. Sea como fuere, el nuevo Ejecutivo se enfrenta a la dura tarea de enderezar este pilar caído. Aunque son complejas, existen varias opciones para prestar una Sanidad sostenible, sin merma de la calidad. Urge, por ejemplo, eliminar las prestaciones superfluas para poder seguir ofertando las esenciales, como urge racionalizar el gasto farmacéutico otorgando al mismo tiempo un horizonte de estabilidad a las empresas, pues aunque ha bajado en primaria, no es de recibo que suba un 55% en los hospitales en un periodo de sólo cuatro años, cuando la economía se encuentra ralentizada. El nuevo Gobierno debe modificar también el sistema retributivo de los profesionales, como vienen pidiendo las principales organizaciones médicas, con el fin de castigar la indolencia y premiar el esfuerzo, y también podría racionalizar la presencia asidua en los servicios mediante una amplia gama de medidas disuasorias, entre las que no cabría descartar el copago según la renta. Las herramientas son múltiples. Sólo falta voluntad política para aplicarlas.