La ley ómnibus del Govern enciende a la izquierda

Barcelona-El presidente de la Generalitat, Artur Mas, aprovechó el lunes su discurso en una entrega de premios empresariales para explicar que diseñaba un plan legislativo con el objetivo de simplificar la administración y recortar el gasto público. No era un anuncio nuevo, se había escuchado en los pasillos del Parlament y en otras comparecencias con micrófonos de por medio.
Sin embargo, la publicación el jueves del anteproyecto de ley de simplificación de la administración en la página web de la Generalitat está levantando ampollas entre las formaciones de izquierdas. No porque CiU haya aireado sus planes antes de llevar la ley ómnibus al Parlament –de hecho fue el tripartito quien impulsó que los anteproyectos de ley necesitaban un periodo de exposición pública para que todo el mundo pueda opinar, aunque con carácter no vinculante– sino porque entienden que querer modificar 80 leyes de un plumazo es, entre otros, querer borrar el legado del tripartito.

«Monstruo legislativo»
El ex presidente de la Generalitat, José Montilla, fue preguntado ayer en el Círculo de Economía por la ley ómnibus y prefirió no opinar. Pero un día antes, la portavoz adjunta del PSC, Laia Bonet, denunció que la estrategia por la que ha apostado CiU es eliminar o reducir organismos y normas que le incomodan.
Desde ICV fueron un poco más allá y su portavoz, Laia Ortiz, calificó el articulado como «un monstruo legislativo que hace saltar por los aires años de políticas de izquierdas y avances en temas clave como la promoción de la vivienda pública, la transparencia, la promoción del medio ambiente y el control de organismos». Como Bonet, Ortiz quiso incidir en que se saltará «el debate democrático que se debería hacer en el Parlament».
Si la normativa sigue adelante, los ex integrantes del tripartito verán que buena parte de su trabajo quedará como mínimo modificada y en muchos casos reducida a la mínima expresión. Es el caso del Consell de la Cultura i les Arts (Conca), organismo que Maragall ideó a la manera del British Council, para repartir ayudas culturales, según deciden un presidente, dos vicepresidentes y ocho consejeros. Pero el Govern prefiere que las subvenciones que se dan al mundo de la cultura las entregue el Institut Català d'Industries Culturals (Icic) y eso también incluye que la Institució de les Lletres Catalanes pierda su potestad para dar ayudas.
La reducción de consejeros en otros organismos como el Consell de l'Audiovisual (CAC), que según el anteproyecto de ley pasa de diez a cinco, o en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA), que pasaría de doce a siete, fue bien vista por el PP. Su portavoz, Enric Millo, recordó a LA RAZÓN que «hemos presentado proposiciones de ley en la línea de desburocratizar y simplificar la administración y para potenciar la economía». Tampoco ven mal los populares el apartado en materia de salud que pide seis meses de padrón para poder ir al médico para los inmigrantes porque «va enfocado a que los extranjeros de turismo no se aprovechen de nuestra sanidad».

Falta diálogo
El PP cree que «se podrán explorar puntos de encuentro», pero teme que entre los 631 artículos que quiere reformar la ley ómnibus se cuelen «cuestiones de tipo más político». «Hay que ver la letra con detenimiento para saber si la música suena bien», argumentó Millo, quien consideró que hubiera sido bueno «porque no tienen mayoría absoluta» que CiU hubiera tenido la volutad de buscar un acuerdo previo. No hay duda, el debate para una ley que afectará a disciplinas tan diversas como los parques naturales o la gestión del agua está servido.

Un trámite que justo acaba de comenzar
La ley ómnibus justo acaba de comenzar su recorrido. Pese a que el anteproyecto se ha publicado pocos días después de los presupuestos de 2011, su tramitación no coincidirá en el tiempo. La previsión del Govern es aprobar los presupuestos en el último pleno de julio antes del parón vacacional y justo entonces los grupos estarán trabajando con la ley ómnibus. Primero, el ejecutivo de Mas tiene que aprobar el proyecto y trasladarlo al Parlament y, aunque, previsiblemente, optará por tramitar la normativa con carácter de urgencia, el proceso se puede alargar hasta finales de año.