El Ejecutivo recupera toda la función sancionadora en las cuencas intercomunitarias

La decisión, ha afirmado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaria, responde al "principio de unidad de cuenca", establecido en 2011 por el Tribunal Constitucional.

A raíz de la sentencia del alto tribunal, el anterior Ejecutivo socialista aprobó un decreto ley que permitía a las CCAA asumir competencias de gestión del dominio púbico hidráulico en las cuencas que pertenecían a distintas comunidades.

Con ello, "se les posibilitaba asumir funciones de policía (fundamentalmente sancionadoras)"en sus respectivos territorios.

La potestad sancionadora y de ordenación en las confederaciones hidrográficas "ha sido siempre una competencia del Estado, tanto es así que el propio Constitucional lo puso de manifiesto como consecuencia del recurso de algunos estatutos de Autonomía"ante el mismo.

Las sanciones oscilarán entre las leves -multa de hasta 10.000 euros- y las muy graves -de entre 500.000 y hasta un millón de euros-.

El Gobierno popular, según Saénz de Santamaria, cree que el agua es un recurso escaso y "un dominio público de todos los españoles", de ahí que el Estado recupere esta potestad en las cuencas intercomunitarias.

Con ello, "se evitarán duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias en algo tan importante como es el régimen sancionador en el mal uso del agua".

En consecuencia, se deroga la normativa anterior y será el Estado el que "íntegramente"se ocupe de ello.

La decisión anunciada hoy se enmarca dentro de un real decreto ley de medidas sobre política medioambiental, que también modifica las leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de Residuos y Suelos Contaminados, y que contempla medidas sobre regulación del agua subterránea.