El inspector Pamiés pide oír las grabaciones que excluyó el juez Ruz

MADRID – Esta tarde comenzará el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a deliberar los recursos interpuestos por las defensas del ex director general de la Policía, Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros contra el procesamiento por los delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos, tal como decretó el juez Pablo Ruz, en relación con el supuesto «soplo» a ETA de una operación contra su «aparato de extorsión».

Los quince magistrados que formarán parte del Pleno deberán pronunciarse sobre tres cuestiones: si revocan los procesamientos por entender que no hay indicios de delitos –como sostienen las defensas–, si lo confirman en todos sus extremos –como reclaman las acusaciones populares– o si lo confirman sólo respecto al delito de revelación de secretos, como defiende la Fiscalía.

Todo hace indicar que el debate se centrará en las dos últimas cuestiones, lo que marcará el futuro de esta causa. Si la Sala confirma en su integridad el auto de procesamiento, sería la Audiencia Nacional la encargada de juzgar a Pamiés, Ballesteros y García-Hidalgo. En concreto, un tribunal que integrarían Alfonso Guevara –presidente de la sección tercera– Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri.

Si, por el contrario, la mayoría de la Sala avala la tesis de la Fiscalía, el procedimiento se trasladaría a un juzgado de Irún, ya que en esta localidad guipuzcoana es donde se encuentra el bar «Faisán», en cuyas inmediaciones se habría producido el chivatazo a ETA, en mayo de 2006. El motivo no es otro que la Audiencia sólo es competente para juzgar esta causa si se mantiene el delito de colaboración con banda terrorista.

Por otro lado, la sección cuarta de la Sala de lo Penal estudiará mañana el recurso interpuesto por la defensa del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, contra la resolución del juez Pablo Ruz de denegarle el acceso a todas las conversaciones grabadas a su patrocinado cuando se intervino judicialmente su teléfono.

El magistrado esgrimía que antes de acceder a esa petición, el Equipo Investigador –que dirige el comisario Carlos Germán– debería separar del proceso todos los datos necesarios para «impedir la vulneración» de derechos fundamentales, «tanto de los imputados afectados por las medidas de intervención de sus comunicaciones, como de los terceros interlocutores de los mismos». Y, de forma paralela, aquellos datos que puedan afectar «a la seguridad del Estado, sus agentes y los cargos institucionales con responsabilidades públicas en materia de seguridad».

Sin control sobre el contenido
La defensa de Pamiés sostiene en su recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que «dejar en manos del Equipo Investigador la selección de los pasajes que estime convenientes» supone un ataque al derecho de defensa. En este sentido, se esgrime que esa vulneración se produce al dejar que la selección de las conversaciones» las realice «quien es denunciante, testigo principal, testigo de referencia y perito acusador, como es el Equipo Investigador».

¿Quién es quién?
El juez Ruz
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se hizo cargo de las diligencias por el chivatazo en el bar Faisán de Irún.
Pamiés
Jefe superior de Policía del País Vasco. Pide acceso a todas las conversaciones que se le grabaron por teléfono.