Los cadáveres de matrimonio, de etnia gitana, fueron encontrados en el domicilio familiar por una de sus hijas. Mientras, en Getafe (Madrid), una mujer falleció al recibir varias puñaladas y su marido, presunto agresor, se quitó posteriormente la vida.
Fuentes de la investigación del caso de Alicante confirmaron a Efe que se «tenía conocimiento de discusiones» entre la pareja, aunque no existe constancia de denuncias previas por malos tratos. En el caso de Getafe, la mujer, P. R. Q., tenía 47 años y su marido, D. J. M. C., 50.
Llevaban dos años de convivencia. Una hija de la víctima fue quién halló los cadáveres en su domicilio, informa L. L. Álvarez. La joven y otro hijo de la fallecida, el novio de ésta y un hijo del presunto agresor tuvieron que ser atendidos al sufrir una crisis de ansiedad.

Con las dos víctimas, son ya 56 las mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año, una más que durante todo 2009. El discurso mantenido desde el Ministerio dirigido por Bibiana Aído es el mismo: condena del asesinato, apoyo a los familiares, reclamar al entorno que denuncie e insistir en que el sistema de protección es seguro.

De ser así, ¿por qué cada vez denuncian menos víctimas? ¿cómo es posible que más de 500 mujeres estén en situación de riesgo extremo y sólo se hayan puesto en marcha 369 dispositivos de vigilancia? ¿Por qué se pone en duda constantemente la veracidad de las denuncias? ¿Cómo es posible que jueces y dirigentes políticos se culpen mutuamente de los errores? ¿De que sirve una ley contra la violencia de género si no se desarrolla?

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, prefiere huir de la reflexión de las estadísticas y buscar el origen del problema: «Me preocupa que dos de las últimas mujeres no hubieran presentado denuncia. La realidad es que existen muchas víctimas de malos tratos y se les causa un gran dolor y sufrimiento. Hay que ser conscientes de esta realidad porque hay instrumentos y profesionales para abordar el problema».

Buscar soluciones
En opinión de Montalbán, «hay que transmitir la idea de que los malos tratos matan porque parece que las mujeres todavía no son conscientes. Para ello, debemos mantener el rigor y la no tolerancia». «Hay que buscarles una solución para integrarlas en la sociedad en España o en otros países. Deben ser conscientes de que tienen un problema y que pueden recibir ayuda», dijo.

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, considera que «es precipitado sacar conclusiones», pero reconoce que es necesario «tener un conocimiento más exhaustivo de la situación, en el que no sólo se valore el número de mujeres asesinadas sino que se incluya el número de denuncias, las sentencias condenatorias, el número de mujeres protegidas».

Para Fundación Mujeres, uno de los pilares que falla es el acceso a la protección. En el plano judicial, «hay que trabajar para eliminar los elementos que ponen en tela de juicio el funcionamiento de la ley, como son las denuncias falsas». Soleto recuerda que «la Ley contra la de Violencia de Género ha sido la norma más cuestionada por los jueces en la era democrática. Se trata de un problema estructural que dificulta la puesta en marcha de la ley de forma normalizada».

La realidad descrita por Ángela Cerrillo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, tampoco es alentadora. Cerrillo hace una radiografía de la situación, en la que queda en evidencia el sistema educativo en relación a los malos tratos y la falta de medios para poner en marcha las medidas de protección». «Es necesario que desde el Observatorio contra la Violencia de Género se haga una radiografía de la situación y se impulsen medidas para coordinar los trabajos de las fuerzas de seguridad del Estado, jueces y Ministerio de Igualdad».

En lo que va de año, las partes implicadas han echado balones fuera. El juez de familia de Sevilla, Francisco Serrano, abrió la veda al poner en duda la veracidad de las denuncias por maltrato que, en su opinión, están utilizando las mujeres en los procesos de separación y que han provocado «un genocidio de hombres». Estas polémicas declaraciones fueron utilizadas por Igualdad para demostrar que la falta de credibilidad de estas denuncias provocaba el recelo de las víctimas y que, por ello, habían dejado de poner en conocimiento de la justicia su situación.

Mensajes contradictorios
Sin embargo, es sólo la punta del iceberg. Los jueces tienen las manos atadas y, en muchas ocasiones, no pueden imponer medidas cautelares por la falta del informe pericial. Así, cuando un caso de violencia de género entra en su jurisdicción no pueden hacer otra cosa que tomar una decisión sin tener en consideración todos los condicionantes, lo que perjudica a la víctima y extiende un mensaje en la sociedad de que denunciar no sirve de nada. En este punto, Igualdad ha trabajado para que los informes periciales se realicen en un periodo de 72 horas y que esto sirva para que el juez tenga los elementos necesarios para pronunciarse.

Las pulseras telemáticas provocaron el último choque entre Ministerio y profesionales de la Justicia. El delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, anunció que de las 530 mujeres en situación de riesgo sólo 369 tenían dispositivos de protección, cuando Igualdad ha puesto a disposición de los juzgados más de 3.000. Según Lorente, falta formación entre los magistrados, otros no toman decisiones porque no disponen del informe pericial o porque simplemente consideran que una riña familiar pertenece al ámbito privado.

La lacra no tiene una solución fácil, pero no sirve de nada que el Gobierno concediera 300 millones de euros en 2010 (incluidos 26 millones de Igualdad) y para 2011 presupueste 378 millones (30,3 del departamento de Aído), destinados a proteger, informar y dar asistencia a las maltratadas, cuando las partes implicadas no son capaces de diagnosticar al enfermo.