Maquillajes hipotecarios

La Razón
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El guiño al 15-M que el presidente del Gobierno lanzó durante el Debate del Estado de la Nación ha cristalizado en un acuerdo con PP y CiU para aliviar las cargas de los afectados por los embargos hipotecarios, que según datos ofriciales ya rondan los 300.000 desde que estalló la crisis. Llama la atención que sea en esta cuestión, de la que el movimiento de los «indignados» han hecho bandera para frenar los desahucios, la única en la que han coincidido los dos grandes partidos, habiendo como había decenas de propuestas económicas, sociales y asistenciales tanto o más relevantes. Por ejemplo, y sin abandonar el sector inmobiliario, habría merecido la pena restablecer la deducción por adquisición de vivienda, como proponía Mariano Rajoy, pero parece que si no lo piden los acampados de Sol no merece la consideración del PSOE. Lo mismo cabe decir de otras propuestas tendentes a crear empleo (bonificación de contratos), apoyar a los emprendedores (rebajas fiscales a pymes y jóvenes empresarios) y respaldar económicamente la formación de los autónomos. Dicho de otro modo, mientras las propuestas socialistas se encaminan casi exclusivamente a poner vendajes al enfermo, las populares pretenden curar las causas de la enfermedad. ¿Servirá para algo la medida hipotecaria consensuada ayer? Desde luego, a los que ya han sucumbido, de nada; a los que han contraído compromisos con el banco, de poco, pues se ha dejado fuera la llamada dación en pago en virtud de la cual la entrega de la vivienda cancela la deuda; y en cuanto al futuro, su eficacia dependerá de cómo las entidades financieras endosarán al cliente el sobrecoste de las nuevas garantías. Es verdad que nadie medianamente sensible puede oponerse a que se suba la parte embargable del sueldo, a que se incremente el valor del piso embargado o a que se eliminen las cláusulas abusivas. El trance de un desahucio es ya bastante amargo para que, encima, las leyes lo hagan más inhumano. Sin embargo, y en contra de lo que afirman los demagogos de turno, el sistema hipotecario español es uno de los mejores del mundo y goza de merecido prestigio en otros países. Las extralimitaciones y actuaciones poco profesionales que algunas entidades desplegaron durante la burbuja inmobiliaria, cuando se incitaba a los clientes a hipotecarse por encima de sus posibilidades, son condenables, pero no desvirtúan una regulación hipotecaria que ha favorecido a un sector de tanta importancia económica para España. Por eso mismo, sería irresponsable que por motivos electorales se cayera en la tentación populista de ceder a las pretensiones arbitrarias de una minoría. Como en cualquier otra transacción o actividad económica, la seguridad jurídica es pieza nuclear en el sector inmobiliario, de modo que si se cambian las reglas por impulsos partidistas lo más seguro es que las consecuencias las pague el ciudadano con créditos más caros y menos flexibles. El sistema financiero posee ya suficientes mecanismos para evitar el drama de los embargos y desahucios; sólo es cuestión de que clientes y entidades los apliquen con sensatez y profesionalidad.