Arenas no descarta «financiación ilegal» del PSOE a través de los ERE

El presidente del PP-A asegura que «tan sólo conocemos un 15 o un 20 por ciento» de las irregularidades.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, mostró ayer la sede del Parlamento andaluz a un grupo de escolares
El presidente del PP-A, Javier Arenas, mostró ayer la sede del Parlamento andaluz a un grupo de escolares

SEVILLA- Hasta el momento, el PP no había aludido a esta posibilidad, pero ayer el líder de los populares andaluces lo planteó abiertamente. Javier Arenas no descartó «en absoluto» que los fondos de la Junta de Andalucía destinados a empresas en crisis y a diversos ERE podrían estar detrás de una hipotética financiación ilegal del PSOE, dada la gran cantidad de cargos socialistas implicados en la trama. «Es una pregunta que está en el aire, que parece deducirse de la primera cinta del ‘caso Mercasevilla'», aseguró en alusión a la petición de comisiones ilegales a dos empresarios hosteleros del Grupo La Raza. Sin embargo, precisó que «hoy por hoy no tengo pruebas para ir más allá, pero en una primera cinta parecía apuntarse la posibilidad de financiación ilegal» e insistió en que «hay alguna declaración de algún sindicalista que lo pone de manifiesto». No hay que olvidar que en aquella reunión que fue grabada por los empresarios de La Raza los directivos de Mercasevilla dijeron que la Junta «colabora con quien colabora».

«Se confirma la existencia de una trama que va en la misma dirección» y que «los actores tienen un nexo, que es un partido político y el poder que tiene actualmente en Andalucía», deslizó el dirigente popular.

La espiral de escándalos va en aumento. De lo que se conoce hasta ahora, más de 40 personas figuran en expedientes laborales de empresas en la que nunca trabajaron. Entre ellos, cuatro antiguos cargos socialistas, como el ex gobernador civil en Cádiz, el exalcalde de El Pedroso, el ex delegado provincial de Asuntos Sociales en Sevilla y el exdirigente del PSOE de Baeza Antonio Garrido Santoyo. María José Martínez Elvira, que aparece como «intrusa» en el ERE de Hitemasa, concurrió por el PSOE en la lista de Torredonjimeno (Jaén).


Petición de multa para Rivas
En la compleja maraña de cargos socialistas implicados en el escándalo también figura Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo e imputado en el «caso Mercasevilla». La Fiscalía le pide una multa de 900.000 euros y 21 meses de suspensión. Arenas criticó que Rivas siga «formando parte de los órganos de dirección del PSOE». De hecho, es miembro del Comité Director del partido a nivel regional. También preguntó al secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, por qué lo mantuvo «tanto tiempo» en el cargo de delegado provincial de Empleo. «¿Qué le parecerá la petición de la Fiscalía?», señaló.

La trama se extiende cada día y, según el líder de los populares andaluces, «tan sólo sabemos un 15 o un 20 por ciento». A su juicio, no sólo están en cuestión los fondos destinados a los ERE, sino otras cantidades dedicadas «a la formación y las ayudas a la contratación estable». «Parece ser que en la Consejería de Empleo, desde hace muchos años, no hay nada sano». Arenas se mostró convencido de que «antes o después» habrá la comisión de investigación que ahora rechaza el PSOE.


El PP insiste en que comparezca Conde Pumpido en el Congreso
El PP insiste en su petición de comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para explicar en el Congreso las irregularidades de los ERE autorizados por la Junta de Andalucía. En el nuevo escrito reclamará información sobre la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, un extremo que ha exigido en multitud de ocasiones el presidente del PP-A, Javier Arenas. Los populares reformularán la petición después de que el pasado martes la Mesa de la Cámara Baja, con los votos del PSOE y de los nacionalistas vascos y catalanes, vetara la comparecencia que el PP había registrado para que diera cuenta de ese mismo asunto por tratarse de un tema concreto y no de una generalidad. Ante este bloqueo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció el «obstruccionismo» de los socialistas para conocer la verdad de lo sucedido.