Sevilla

El dragado comenzará en 2011 con medidas preventivas en el río

Medio Ambiente evalúa el informe de la comisión científica antes de apoyar las actuaciones puntuales de profundización.

El proyecto autorizado por Medio Ambiente en 2003 incluye la nueva esclusa y el dragado
El proyecto autorizado por Medio Ambiente en 2003 incluye la nueva esclusa y el dragadolarazon

SEVILLA- El dragado del Guadalquivir comenzará el próximo año sí o sí. La Autoridad Portuaria no modificará su calendario de actuaciones sobre el río pese a las reticencias ambientales expresadas por el comité científico, porque la profundización del canal de navegación está autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente desde 2003 –junto a las obras de la nueva esclusa– y porque este proyecto no implica «arrasar» el cauce fluvial. La institución insiste en que la intervención será puntual y progresiva, y se ejecutará junto a «medidas compensatorias» para evitar daños en el estuario.
Así lo exige la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada para el proyecto de «Actuaciones de mejora en accesos marítimos a Sevilla» hace siete años, de la que emana el diagnóstico sobre el delta coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la creación –en 2005– de la comisión científica que ahora ha considerado «incompatible» el dragado con la conservación del estuario y el Parque Nacional de Doñana.
El Puerto volvió ayer a mostrar su absoluto rechazo a este dictamen, adoptado sin su consentimiento y únicamente con su voto particular. Como viene defendiendo su presidente, Manuel Fernández, el estudio elaborado al amparo del CSIC considera que la ampliación del canal de navegación «es factible» tal y como está programado, es decir, con actuaciones puntuales.
La primera está incluida en el presupuesto de la institución para el próximo año y, según insisten sus responsables, contempla medidas preventivas en los márgenes del cauce fluvial. Implica una inversión de 30 millones de euros y consistirá en equilibrar la cota del canal a 8 metros de profundidad al norte del río, o sea, en la zona más cercana a la ciudad.
Pese a la autorización estatal concedida a nivel global en 2003, Medio Ambiente tiene que aprobar este primer proyecto puntual de profundización, y los que vengan. Por eso, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, subrayó ayer que la Autoridad Portuaria entiende que «no puede hacer absolutamente nada hasta que el Ministerio se haya pronunciado respecto al informe que la comisión científica ha elevado para su consideración».
En declaraciones en Madrid, Ribera indicó que su departamento está estudiando detenidamente tanto el dictamen de la comisión científica como el «voluminoso, complejo, interesante e importante» estudio auspiciado por el CSIC.
Según informó Europa Press, la responsable estatal subrayó que la preservación de Doñana es «un tema relevante» que, en la actualidad y con los nuevos diagnósticos sobre la mano, puede abordarse desde un «mejor conocimiento». «Hasta que no hayamos hecho esto no podemos prejuzgar cuál va ser nuestra valoración y decisión, o nuestra actuación final», recalcó Ribera.
En cambio, Ecologistas en Acción y la Coordinadora Verde creen que Medio Ambiente tiene todos los argumentos científicos a su disposición para impedir el dragado, y censuran que se prioricen los resultados económicos a la conservación del estuario. Ambos colectivos apuestan por un «cambio de modelo en la gestión portuaria» que apueste por la complementariedad de las instalaciones andaluzas, y recuerdan que «el Puerto debe adaptarse a las condiciones naturales del río y no al revés».


Apoyo socialista y dudas populares
El alcaldable del PSOE, Juan Espadas, mostró ayer al presidente del Puerto, en una visita a la nueva esclusa, su absoluto respaldo al dragado, que «no se ha improvisado» y resulta «complejo», pero que contempla el «trabajo en equipo» de las administraciones competentes para introducir «medidas complementarias» que eviten daños a Doñana y su entorno. El Partido Popular prefiere ser cauteloso y reclamar, a través de su parlamentario Jaime Raynaud, toda la información al respecto y un pronunciamiento claro de la Junta de Andalucía sobre la conveniencia de dragar el río.