Multas del 02% del PIB a las regiones incumplidoras

Madrid- Mariano Rajoy llegará a Bruselas este lunes con la Ley de Estabilidad Presupuestaria bajo el brazo para su estreno en el Consejo Europeo, que analizará la maltrecha situación económica del Viejo Continente y la necesidad de regresar a la senda de la estabilidad presupuestaria como bálsamo para el paro y la crisis. En este escenario, España «ha tomado la delantera y se convierte en pionera» en el impulso de la estabilidad presupuestaria en el seno de la UE, según Soraya Sáenz de Santamaría. Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta calificó ayer esta reforma estructural de «primer orden» adoptada «en un plazo muy reducido».

El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ayer remitió el Gobierno al Consejo de Estado y a los portavoces de los grupos parlamentarios, prevé una serie de sanciones para las comunidades autónomas y las corporaciones locales que no reconduzcan sus déficits excesivos hasta alcanzar en 2020 el equilibrio presupuestario o superávit, tal y como consagra el artículo 135 de la Constitución.

Para ello, la norma transpone los mecanismos correctivos de la Unión Europea en materia de sanciones. Según la ley, las administraciones responsables de la desviación del objetivo del déficit público serán las que asuman directamente las sanciones que imponga Bruselas a España. Además, las autonomías con déficit excesivos estarán obligadas a presentar un plan económico-financiero de un año de duración. Si no lo cumplen, deberán constituir un depósito por un importe equivalente al 0,2% de su PIB nominal. A los seis meses de no corregir sus desfases contables, este depósito se convertirá en una multa, que cobrará el Estado. El reglamento futuro de la Ley de Estabilidad regulará el cobro de esta sanción. En principio, el Gobierno baraja descontarla del dinero a transferir a la comunidad incumplidora. Si persiste en este desvío, a los nueve meses el Ejecutivo central intervendrá sus cuentas, a imagen y semejanza de lo que ocurre en la UE.

Para ello, Hacienda enviará una delegación a esa comunidad. Esta delegación le impondrá «los deberes» para volver «cuanto antes» a la senda del control del déficit y de la austeridad. Además, el Gobierno cerrará el grifo de las autorizaciones de las emisiones de deuda, de la concesión de subvenciones y de la suscripción de convenios con esas regiones.

Al término del Consejo de Ministros, Cristóbal Montoro destacó que con esta ley se garantizará la sostenibilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas, se fortalecerá la confianza en la estabilidad de la economía española y se reforzarán los compromisos de España con la Unión Europea. La ley consagra el equilibrio presupuestario o el superávit de las cuentas públicas de todas las Administraciones. Por tanto, ninguna podrá incurrir en déficit estructural a partir de 2020. Sólo se podrá registrar un desfase estructural del 0,4% del PIB por el desarrollo de reformas estructurales con impacto presupuestario a largo plazo y se podrá incurrir también en déficit en situaciones excepcionales (catástrofes, recesión o situación de emergencia extraordinaria).

A partir de la entrada en vigor de la ley, las autonomías deberán fijar un techo de gasto «consistente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto». Además, se incorpora la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria. Por ello, deberá situarse por debajo del 60% del PIB, porcentaje recomendado en el Tratado de Maastricht. La ley recoge, además, la exigencia, acordada por Bruselas la semana pasada para los estados miembros, de información previa a su aprobación sobre las líneas maestras de los presupuestos de las respectivas autonomías. Y establece los criterios del periodo transitorio hasta 2020, fecha en la que habrá equilibrio presupuestrio. Tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, la deuda pública se reducirá, como mínimo, dos puntos del PIB cuando la economía crezca a ritmos del 2% o genere empleo. El déficit estructural deberá rebajarse un 0.8% del PIB de promedio anual. Además, en 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda pública.