Unas centrales opacas y tan parasitarias del Estado como en España

PARIS-La larga historia sindical de Francia así lo atesta. No hay gran reforma en el país vecino que no vaya acompañada de su correspondiente ola de protestas, paros y movilizaciones. Una tradición francesa alentada por un tradicionalmente fuerte movimiento sindical que, sin embargo, ha ido perdiendo músculo en las tres últimas décadas. Muy potentes hasta los años 70, los sindicatos galos, si no han perdido en su capacidad de presión, sí han sufrido una importante sangría de afiliados.
Cinco grandes confederaciones conforman el atomizado paisaje sindical francés: CGT, CFDT, FO, CGC y CFTC, a las que el Estado reconoce como representativas para poder negociar acuerdos con el Gobierno en todos los sectores.
Hoy cuentan con apenas un 8% de sindicados, es decir, 1,7 millones de trabajadores, una de las tasas más bajas en el entorno europeo. Sin embargo, su salud financiera no parece resentirse. Todas las centrales disponen de una tesorería excedentaria y un patrimonio bien invertido (bienes inmuebles, inversiones financieras…). Desde la ley Waldeck-Rousseau de 1884 que reconoce la libertad sindical y exime a estas organizaciones de publicar sus cuentas certificadas, la financiación de los sindicatos galos se caracteriza por su total opacidad. Un tabú al que una ley de 2008 ha querido poner fin, pero que sólo se aplica parcialmente.
Un informe sobre la cuestión, enterrado por el Parlamento el pasado mes de diciembre, en vista del cercano periodo electoral, estima que la financiación anual de la actividad sindical en Francia supone un coste de cerca de 4.000 millones de euros. Las cuotas de los afiliados representan sólo entre el 3-4% de los recursos propios, mientras que el Estado reparte a modo de subvenciones 40 millones por año. El resto procede de la gestión de organismos que sindicatos y patronal controlan paritariamente (Seguridad social, Unedic…), de los liberados sindicales (unos 27.000 puestos a disposición por la Función Pública), de las horas sindicales, las importantes subvenciones a los Comités de Empresa y las aportaciones, difíciles de cifrar, por parte de las propias empresas interesadas en mantener así la paz social.
Aunque huelgas generales como las que en 1968 vieron trece millones de personas en las calles son actualmente impensables, las centrales galas siguen teniendo un tirón importante.
Las más recientes se remontan a 2010 con motivo de la reforma de las pensiones del Gobierno de Nicolas Sarkozy que retrasa a los 62 años la edad legal de jubilación. Los paros se prolongaron durante varias semanas bloqueando sectores estratégicos como el transporte y el suministro de combustible. Las manifestaciones, multitudinarias, superaron el millón y medio de personas. Una situación similar a la que Francia tuvo que hacer frente en 2003, cuando el Ejecutivo de Jacques Chirac aumentó los años de cotización a los funcionarios para alinear su sistema de pensiones al del sector privado, o en 1995 cuando el conservador Alain Juppé fracasó en su intento de acometer esa misma reforma.