Guerrero implica a Chaves y a varios consejeros en la «trama de los ERE»

Sevilla- La cita de Guerrero y Alaya no defraudó. Tras más de un año imputado, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía declaró ayer por primera vez ante la juez que instruye la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con cargo al Presupuesto autonómico. En una jornada que comenzó a las 10:30 horas y acabó a las 19:30 horas, implicó a prácticamente todos los miembros que cada martes se sientan en el Consejo de Gobierno. «Nadie en el Gobierno andaluz puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas», sentenció. Hoy está previsto que continúe su comparecencia en los juzgados.

Tal y como anunció su abogado en los días previos, el ex alto cargo andaluz iba a ratificar en sede judicial lo ya expuesto ante los investigadores de la Guardia Civil en sus dos declaraciones previas. Lo hizo y amplió algún detalle.

El matiz más importante fue que la célebre partida 31L –bautizada por él mismo como «fondo de reptiles» ante la Policía Nacional en los orígenes del caso, el 21 de diciembre de 2010– se convirtió ayer en una partida «blindada» que aprobaba «la Intervención, el consejero o la consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz». No había nada opaco, sino una cantidad recogida anualmente en los Presupuestos de la Junta y que su centro directivo gestionaba para consolidar la «paz social», es decir, para que los conflictos laborales no deterioraran la imagen de la Junta.

Hasta ahí, la versión de Guerrero es prácticamente idéntica a la que ha venido defendiendo el Ejecutivo. De hecho, la «paz social» fue uno de los argumentos esgrimidos por la Consejería de Empleo ante el máximo órgano de control interno de la Junta cuando éste alertó de que se estaban tramitando ayudas «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido».

En este sentido, Guerrero recordó ante la juez un episodio que ya expresó a los agentes. Desde el Gabinete de Presidencia de la Junta de Andalucía le instaron a solventar «sí o sí» un conflicto laboral en Bilore, una empresa de Lucena (Córdoba). A un mes de las elecciones de 2004, los trabajadores protestaron en un acto del ex presidente Chaves en Osuna (Sevilla). La orden fue tajante: «En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer», decía el escrito que acabó en manos de Guerrero.

La solución se encontró librando ayudas del «fondo de reptiles» por valor de 1,16 millones.

El ex director general de Trabajo no sólo nombró a Chaves en su declaración. Si antes señaló que la partida de ayudas sociolaborales contó con la supervisión de la Consejería de Economía y Hacienda –José Antonio Griñán ocupó esa cartera entre 2004 y 2009–, también apuntó que otros consejeros le instaban a solventar los problemas que afectaban a sus provincias. Puso como ejemplos los casos de Gaspar Zarrías, que se preocupaba por los asuntos de Jaén; José Antonio Viera, que le reclamaba especial atención a la Sierra Norte de Sevilla; o Isaías Pérez Saldaña, que demandaba soluciones para la Faja Pirítica de Huelva.

La imagen que trazó es que la política de ayudas a empresas en crisis era transversal y que todo el Ejecutivo estaba al tanto. La cuestión es si el procedimiento elegido para repartir esos fondos, denunciado en sucesivas ocasiones por la Intervención General por su presunta ilegalidad, era también una imposición política. Según señaló, así fue, lo mismo que dijo en sus declaraciones policiales.

El convenio que permitió canalizar los pagos a través del ente instrumental IFA –hoy Agencia IDEA– se firmó en julio de 2001 y lo hicieron los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Guerrero argumentó que él prefería otro sistema menos «discrecional», pero que los sucesivos intentos para cambiarlo nunca se tuvieron en cuenta. A preguntas de la juez, señaló que el bufete Garrigues intervino en varios conflictos en labores de asesoramiento.

El discurso de Guerrero se diluyó cuando la instructora le preguntó sobre casos concretos de prejubilaciones irregulares, según fuentes consultadas por LA RAZÓN. La teoría de las directrices políticas se quedó sin coartada cuando Alaya le inquirió sobre «intrusos» en los ERE, todas personas conocidas por el ex alto cargo. Le llegó a preguntar por qué la mayoría firmaron sus pólizas en su despacho, a lo que respondió con evasivas y se remitió a sus secretarias e insistió en que era totalmente ajeno a las irregularidades.

Sobre la ausencia de expedientes administrativos que justifiquen las ayudas, se ratificó en que mientras él estuvo en el cargo estaban «completos» y sugirió como «hipótesis» su destrucción. No dio nombres, pero sí señaló que una orden así sólo puede venir del viceconsejero o consejero.

Alaya le preguntó sobre su relación con otros imputados, como el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, al que Guerrero defendió y señaló que no le constaba ninguna ilegalidad.

Sobre el ex diputado socialista Ramón Díaz, señaló que era su asesor y que alguna gestión la hizo él por su cuenta.

Seis delitos
Antes del interrogatorio, Alaya le leyó durante más de una hora un relato de los hechos conocidos y le imputó sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.