Las negociaciones con ETA el secreto del juez Ruz

El pasado 14 de enero, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz recibíala transcripción de toda la documentación remitida por su homóloga francesa Laurence Le Vert relacionada con el conocido como «caso Faisán», con el supuesto «soplo» policial a ETA que abortó una operación prevista contra el «aparato económico» de la banda terrorista

EL BAR «Faisán», donde presuntamente se alertó a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión
EL BAR «Faisán», donde presuntamente se alertó a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión

Sin embargo, decretaba el secreto sumarial sobre nueve de los 645 folios. Desde entonces, las especulaciones no han cesado sobre el contenido de los mismos. El argumento esgrimido por el magistrado para esa medida era que del contenido de los mismos se podrían derivar diligencias «para el total esclarecimiento de los hechos investigados». Han transcurrido dos meses y medio en los que sólo el Ministerio Fiscal tiene conocimiento oficial de lo allí reflejado.

Ahora se ha conocido que una gran parte de esos nueve folios se refieren a las «actas» de la negociación de dos representantes del Gobierno con la banda terrorista, según confirmaron ayer a este periódico fuentes jurídicas. Esa reunión, según publicó en su edición de ayer el diario «El Mundo», se produjo el 22 de junio de 2006. En la misma, los «representantes» del Ejecutivo comunicaron a la banda que las detenciones de Joseba Elosúa y sus cómplices –llevadas a cabo con posterioridad al «chivatazo»– fueron «un accidente grave, un asunto que viene del juez».

Las fuentes consultadas señalaron que se trata de «resúmenes» realizados por algunos de los miembros de ETA que participaban en las reuniones con los «enviados» del Gobierno. «Resúmenes que aparecieron posteriormente en el ordenador de Thierry», alias del etarra Francisco Javier López Peña.

Además de ese «acta» o «resumen», en esos nueve folios aparece un segundo documento donde la banda terrorista alude al entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y al papel del Tribunal Constitucional en casos relacionados con ETA, según confirmaron a LA RAZÓN las fuentes consultadas.

En la reunión de ETA con los representantes del Gobierno del 22 de junio de 2006, uno de los portavoces del Ejecutivo llega a decir, en relación con las detenciones de miembros del «aparato de extorsión» de la banda , que «lo han intentado, pero que no han podido pararla, según el citado diario. «Se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertzaintza y a la Policía francesa que no hagan detenciones y ha sido muy difícil, pues esas órdenes no se dan por escrito». Esa reunión se convocó dos días después de la citada operación policial, a instancias de la banda terrorista ante la «gravedad de la situación» derivada de los citados arrestos.

Además, se aludía a cómo los jueces «se han convertido en un instrumento del Partido Popular y hacen cosas que en otra situación no harían».

Como prueba de la «buena voluntad» del Gobierno de llegar a un acuerdo con los terroristas, los representantes del Ejecutivo aludían de forma explícita a las actuaciones realizadas para «blindar el proceso», es decir, la tregua: «Cambios en el Gobierno: Rubalcaba se incorporó a Interior para continuar con una vía que conocía desde su cargo en el Congreso. Y cambio del fiscal jefe de la Audiencia» Nacional». En este último punto, se referían a la «renuncia» a la que se vio obligado presentar en Febrero de 2006 Eduardo Fungairiño y a la llegada, a mediados de mayo, de Javier Zaragoza al frente de la Fiscalía.

«Os quedará la duda, pero el Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura, como por ejemplo, el caso de Batasuna, pero el PP ha encontrado su agarradero entre los jueces y las víctimas», se indica.

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió ayer al ministro del Interior que tiene «ahora la obligación legal y moral de dar una explicación creíble» si no quiere que los ciudadanos se queden sólo con la versión de los terroristas. Sáenz de Santamaría, quien hizo hincapié en que hasta ahora Rubalcaba «se ha negado reiteradamente» a ofrecer en la Cámara Baja la versión gubernamental al respecto. Y ya es hora, dijo la popular, de que dé una «explicación verosímil» sobre el supuesto chivatazo a la red de extorsión de ETA.