La ONU alarmada por la política migratoria española

El informe da validez a las tesis mantenidas por las ONG y quita credibilidad a las tesis defendidas por el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha negado reiteradamente que esta situación se esté produciendo. En el último desmentido, el vicepresidente se limitó a explicar que no existe ninguna persecución organizada contra este colectivo y que la Policía se dedica a hacer su trabajo sin infringir las leyes.

En cambio, la radiografía sobre España realizada por la ONU durante el 78 periodo de sesiones, en el que se analizaron informes presentados por el Gobierno, Amnistía Internacional, SOS Racismo, Secretariado Gitano y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), deja bien claro que las redadas se siguen produciendo y que se están vulnerando los derechos de los extranjeros.

Centros de internamiento
Otro de los puntos polémicos de la reforma de la Ley de Extranjería fue la ampliación del periodo de internamiento en los CIE. en este apartado, la ONU expresa su «preocupación» por las personas que tras cumplir 60 días encerradas son puestas en libertad con un proceso de expulsión pendiente, lo que los hace «más vulnerables a ser víctimas de abusos y discriminaciones».

En esta línea, solicitan al Gobierno que adopte «las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos básicos, la protección judicial y el acceso a un recurso efectivo, incluida la posibilidad de recurrir su orden de expulsión».

Asimismo, reclamó al Ejecutivo que elabore el reglamento de los CIE para unificar su funcionamiento y garantizar condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal y atención médica adecuadas para los internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales de asistencia a dichos centros.

Censo étnico y racial
La ONU también reiteró la necesidad de disponer de datos «sobre la composición étnica y racial de su población» e insistió en la urgencia de elaborar un censo incluyendo estos criterios, porque es «fundamental» para «monitorizar» la discriminación.

España no se libra de las críticas de Naciones Unidas en el ámbito educativo por las «escuelas gueto», que concentran un elevado número de estudiantes inmigrantes y gitanos, especialmente en algunas comunidades autónomas, contraviniendo lo que establece la Ley Orgánica de Educación, que prevé una distribución «equilibrada» del alumnado. Es por esto que la ONU insta al Gobierno español a que revise los criterios que se aplican en la admisión de estudiantes en los colegios.

El ejemplo más reciente de «escuelas gueto» es el caso ocurrido en la localidad catalana de Salt, que concentra un 70% de alumnado foráneo en las escuelas. De hecho, la proporción de alumnos foráneos ha llevado a algunos padres españoles a escolarizar a sus hijos fuera del municipio al percibir que no había igualdad de oportunidades. La alcaldesa de Salt, Iolanda Pineda, propuso limitar el porcentaje de inmigrantes al 50% en todos los colegios y distribuir parte de estos alumnos entre los municipios vecinos para «mantener la calidad de la enseñanza y transmitir valores, hábitos y normas compartidos».

Aulas de bienvenida
Casos como éste «están en vías de solución», asegura el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de escuelas libres de Cataluña, Juan Manuel Prats, quien también defendió las «aulas de bienvenida educativa», pensadas para integrar a los niños inmigrantes en sus primeros meses de escolarización y a sus familias. Estas aulas, exclusivas para inmigrantes, como las que se abrieron en localidades de Vic y Reus, fueron criticadas por segregar al alumnado foráneo, pero los resultados obtenidos hasta ahora «han sido satisfactorios», asegura.

En España estudian 762.000 alumnos inmigrantes, el 82% de los cuales acuden a escuelas públicas , el 14% va a centros concertados y el 3,8% a privados.


Los puntos más polémicos del informe
- Redadas contra inmigrantes. La ONU da un tirón de orejas al Gobierno por aceptar estas prácticas que suponen una vulneración de derechos.
- Extranjeros en centros de internamiento. Poner en libertad a un inmigrante con un proceso de expulsión en marcha los hace más «vulnerables a abusos y discriminaciones». Además, solicita un reglamento que unifique el funcionamiento de todos los centros y el acceso a asistencia legal o atención médica.
- Racismo y xenofobia. La falta de datos sobre la composición étnica y racial de la población impide detectar la existencia de racismo, xenofobia u otro tipo de discriminación.
- «Escuelas gueto». Según el criterio de Naciones Unidas, estos centros escolares, en los que los alumnos son extranjeros y gitanos, contraviene la Ley de Educación, que prevé una distribución equilibrada del alumnado.