La reforma del sector público divide al Defensor del Pueblo

Chamizo basa su negativa en que el asunto está «pendiente de resolución judicial» y alega que la ley ha sido objeto de alegaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Gutiérrez precisa que la inconstitucionalidad de la norma «no está siendo en estos momentos juzgada por ningún tribunal», puesto que tal extremo «sólo podría hacerlo el Tribunal Constitucional y nadie, por el momento, ha interpuesto el correspondiente recurso». El también profesor de Derecho Constitucional va más allá y especifica que, «aunque ya se hubiesen planteado este tipo de recursos, nada impediría al Defensor del Pueblo sumarse a ellos o interponer otro nuevo, tal y como ocurrió con el caso del Estatuto de Cataluña».

Por tanto, recuerda que, lo que sí están «sub iudice» son las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para aplicar la ley, que «han sido recurridas por numerosos colectivos y sindicatos –entre ellos el Safja– y contra las cuales la institución ha recibido numerosas quejas».

Reclamaciones y recursos
A su juicio, «una cosa son las quejas que envían los ciudadanos, en la que debemos suspender la tramitación de sus expedientes cuando tenemos conocimiento de que el ciudadano también ha acudido a los tribunales, y otra muy distinta las peticiones de interposición de recurso de incostitucionalidad, donde obviamente no impera tal tramitación del Defensor». Igualmente, señala que, incluso en las quejas de los ciudadanos, «la ley permite al Defensor iniciar o continuar la investigación de los problemas».

El propio Gutiérrez comunicó estos argumentos a Chamizo, «tanto en la junta de coordinación como en privado, puesto que es mi tarea y mi responsabilidad», pero entiende que el Defensor «mezcla conscientemente churras con merinas para eludir entrar en el problema de fondo: posicionarse sobre si la ley de la Junta le parece constitucional o no».

Para Gutiérrez, algunas disposiciones de la reforma que plantea el Gobierno andaluz son inconstitucionales. De hecho, en la junta de coordinación pidió que «de manera clara se instara por parte de la Defensoría andaluza la intervención del Defensor del Pueblo nacional». También hizo lo mismo en relación a la ley de recorte salarial a los funcionarios, por «idénticos motivos a los que la Audiencia Nacional ha expresado recientemente sus dudas de constitucionalidad».


Más de 23.000 afectados
La reordenación que plantea la Junta de Andalucía prevé suprimir 111 de sus 350 entidades instrumentales y la modificación de otras 16, afectando a un total de 23.476 personas. De éstas, sólo 2.069 son funcionarios, mientras que 1.474 corresponden a personal laboral de la Administración autonómica y 19.933 son las que ya trabajan en el sector público empresarial. Safja denuncia que la medida «no ha sido negociada con los sindicatos y no respeta los derechos de los que deseen optar a un puesto de trabajo en la Junta bajo los principios de igualdad y capacidad».