Pedraz archiva el 25-S y ajusta cuentas con políticos y Policía

MADRID- Entraron en la Audiencia Nacional como imputados por promover la protesta del 25-S frente al Congreso de los Diputados y salieron del tribunal, apenas una hora después, entre vítores de decenas de manifestantes. El juez Santiago Pedraz, que les había tomado declaración, acababa de acordar el archivo de la causa al llegar a la conclusión de que los ocho imputados no cometieron delito alguno. Y no sólo eso. El magistrado aprovechó la resolución para ajustar cuentas con la Policía y, de forma insólita, incluso con la clase política, a la que no dudó en calificar de decadente, escaldado por la premura con la que, desde determinadas instancias políticas, se calificaron los hechos como un delito contra las Instituciones del Estado sin esperar siquiera a que los detenidos fuesen puestos a disposición judicial.

El juez da por buena la versión de los imputados (uno de ellos ni siquiera llegó a declarar, amparándose en una extemporánea «objeción de conciencia») de que su convocatoria era «pacífica». Niega que tuvieran intención de invadir el Congreso y que se alterara el normal funcionamiento de la sesión parlamentaria y rechaza que los «instrumentos peligrosos» intervenidos «fueran para entrar en el Congreso», como exige la ley, por lo que concluye que las convocatorias de la protesta «no suponen comisión de delito alguno».

En su resolución, Pedraz defiende el derecho a la libertad de expresión de los convocantes de la concentración –en el que enmarca los lemas de la protesta que clamaban por «la dimisión del Gobierno en pleno» para alumbrar «un nuevo sistema de organización política»– sobre todo, añade, «ante la convenida decadencia de la denominada clase política».

Pero el instructor de la causa tampoco deja pasar la oportunidad de reprochar a la Policía el peregrinaje de las diligencias de juzgado en juzgado. La gota que colmó la paciencia de Pedraz fue recibir ayer mismo un informe de la Brigada Provincial de Información de Madrid en el que «sorprendentemente» señala ahora a cinco de los 35 detenidos por la probable comisión de un delito contra las Instituciones del Estado. Y es que el pasado 27 de septiembre la Policía puso en conocimiento del magistrado la detención de 35 personas por los incidentes protagonizados el 25-S imputándoles delitos de atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos. Ni palabra sobre un delito contra las Instituciones del Estado, precisamente el único que justificaba la competencia de la Audiencia Nacional.

No rechazó la competencia
Con esas premisas, Pedraz instó a la Policía a enviar el caso a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla, donde la jueza Rosario Espinosa ya se ha inhibido del asunto, que podría terminar de nuevo en manos de la Audiencia Nacional.

«En ningún caso este juzgado acordó aceptar o rechazar la competencia», precisa ahora el magistrado, para quien que la Policía haya decidido «sustraer unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro conozca de ellos» supone un «exceso» en sus funciones.

Pedraz cree que los ocho imputados no pudieron cometer el delito tipificado en el artículo 493 del Código Penal dado que no había intención de invadir el Congreso. Del mismo modo, añade, tampoco incurrieron en el delito recogido en el artículo 494, que exige que la manifestación altere «el normal funcionamiento» de la sesión parlamentaria, algo que en su opinión no se produjo (esgrime incluso el diario de sesiones para corroborarlo). Por último, y aunque se utilizaron los «instrumentos peligrosos» que exige el artículo 495 (adoquines, macetas, un cincel...), el juez afirma que se utilizaron contra la Policía y no «para entrar en el Congreso».