El apoyo del PP a que se tramite la ley del Guadalquivir descoloca al PSOE

El tema es delicado, porque una delegación de competencias del Guadalquivir a través del artículo 150.2 de la Constitución, como pretende la iniciativa, abriría la caja de pandora de las reclamaciones del nacionalismo, especialmente del catalán, que también ha apelado a esta fórmula como una puerta trasera para sortear el severo revés del TC. El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, ya abogó por derogar el artículo 150.2 de la Constitución.

Este marco es el que explica la paradoja vivida ayer en la Cámara autonómica. Unanimidad en la votación, pero claro desencuentro en el fondo. El Partido Popular no lo tenía fácil para mantener el equilibrio, sabedor de que el PSOE aprovecharía la mínima oportunidad para empujar a esta formación hacia el antiandalucismo. Y así fue tras la intervención de la portavoz de Medio Ambiente del PP, Carolina González Vigo, quien se preguntó si lo que se estaba debatiendo no era una «farsa disfrazada de debate», ya que la iniciativa se remitirá «a unas Cortes que pronto estarán disueltas» –el próximo día 24– y se plantea seis meses después de que el Tribunal Constitucional tumbara el artículo 51 del Estatuto que recogía las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir. «El PSOE lo que busca es preparar la oposición al próximo Gobierno de Rajoy», deslizó.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, sacó la artillería de discurso que se veía venir. No ayer, sino desde que la formación socialista registró la iniciativa en la Cámara. Tiró de manual antiandalucista. Acusó al PP de haber «dejado pasar la oportunidad para posicionarse a favor del Estatuto», reprochó a esta formación que llegara «a rastras» a ese consenso, sólo para «limpiar el pecado original del Estatuto de Carmona». «Vuelven a dudar de si están con Andalucía o con el centralismo que ha caracterizado a la derecha española».

En este tono, Jiménez dijo que al PP «le sigue produciendo urticaria hablar de una Andalucía con un autogobierno pleno». «Votan que sí, pero dejan en evidencia que en el fondo no están de acuerdo». El presidente del PP-A, Javier Arenas, señaló el lunes en Onda Cero que votarían «lo que no le gustaría al PSOE que votáramos». Ahí puede radicar la causa del encrespado discurso final de Mario Jiménez.

En lo que coincidieron tanto PP como IU fue en reclamar un cambio en la gestión del Guadalquivir. González Vigo abogó por un «gran pacto social», liderado por los funcionarios, además de otros agentes afectados como regantes o usuarios, y respetando en todo momento la unidad de cuenca.

«El debate es si el modelo de gestión actual ha funcionado y la respuesta es no», deslizó la portavoz de Medio Ambiente del PP, que sacó a relucir los que, en opinión de su grupo, son los verdaderos problemas del Guadalquivir: el incumplimiento de la Directiva del Agua, la no inversión del 46 por ciento del presupuesto, una gerencia «cien por cien política» y encabezada por puestos técnicos o la huida del derecho administrativo derivada de la reordenación del sector público.

IU también planteó su «decepción por la forma como se ha planteado el debate». «Lo realmente importante –sostuvo el parlamentario José Antonio Castro– es el modelo de gestión, la aplicación de la Directiva Marco». «Gestión del Guadalquivir, sí, a tope», pero «si lo que se está haciendo es montar un sarao bipartidista, ahí no nos esperen», apostilló.