La Generalitat quiere imponer el catalán a los profesores de universidad

Tras el descanso estival, la Generalitat de Cataluña vuelve a la carga. Concretamente, el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, quien pretende imponer a aquellos que deseen acceder a la universidad como profesores que acrediten, mediante exámenes oficiales, el «nivel C» de catalán. Así lo aseguró ayer, ante las cámaras de la televisión autonómica catalana, el consejero republicano.

Pero no es la primera vez que el Govern pone encima de la mesa de las universidades esta obligación. En junio de 2008, la entonces comisionada de Universidades, Blanca Palmada, intentó llevar a buen puerto la imposición lingüística. Pero las universidades se opusieron con firmeza, entendiendo que obligar a los docentes a dominar el catalán va en detrimento de la calidad educativa y limita las expectativas de los centros catalanes de posicionarse a nivel mundial, entre otros motivos. Y así lo recordó ayer la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho: «Es una medida corta de miras, que va en contra de la excelencia y del modelo educativo y de competititvidad económica». De hecho, cada universidad, en virtud de su autonomía de gobierno, es la que decide y aplica sus políticas lingüísticas.

Ahora, y según fuentes de la consejería de Innovación, Universidades y Empresa, lo que se pretende es «garantizar un equilibrio entre el castellano y el catalán y aplicar la ley».

Pero ¿ qué ha cambiado en dos años? Al parecer, el Govern cuenta con el apoyo de los rectores ahora que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. Las mismas fuentes aseguraron que «se ha estado trabajando» para que las universidades entendieran que existen «excepciones y letra pequeña». Es decir, como apuntó Huguet, la imposición no tendrá carácter retroactivo. A los profesores se les dará un tiempo «prudencial» para aprender el catalán y no se obligará a un docente «invitado» a que acredite su nivel. La propuesta pasará ahora a manos del Consejo Ejecutivo, para ser aprobada como decreto. El PP no descarta recurrirla.