La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha presentado hoy al Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto legislativo, que tiene los siguientes objetivos:
-Garantizar los derechos y deberes, tanto individuales como colectivos, en las prestaciones de salud pública, la promoción y la prevención de la salud.
-Considerar la salud como efecto de otras políticas, con la adecuada coordinación entre el sector sanitario y otros.
-Disminuir las "desigualdades injustas"en salud, sean territoriales, sociales, culturales o de género.
-Establecer los instrumentos necesarios para la correcta planificación y coordinación de la salud pública en España.
El anteproyecto, "consensuado"con las Comunidades Autónomas, quiere reforzar las acciones preventivas y de promoción y protección de la salud, de acuerdo con la Constitución, pues hasta la fecha las estructuras sanitarias se han centrado más en la atención y la resolución de enfermedades que en la prevención.
Aparte, es necesario adaptar los servicios y dispositivos de salud pública a los avances científicos y los problemas de salud que pueden producirse en los próximos decenios, según el Gobierno. También se considera necesario coordinar la regulación sobre la materia que han ido desarrollando las comunidades autónomas. La norma recoge por primera vez, tanto en España como en otros países, la vigilancia de los condicionantes sociales de la salud.
"Aunque los servicios sanitarios son imprescindibles para hacer frente a las enfermedades, no son los principales condicionantes del estado de salud. En este sentido, existen otros factores que influyen como el entorno familiar y social, la educación, el diseño de las ciudades, la alimentación", explica el Gobierno.
Sistema integral
Con el fin de reforzar la coordinación de los sistemas de alerta, se establecen la organización y funciones de los Sistemas de Información y de Vigilancia de la Salud Pública desde una perspectiva integral, que recoja todos los condicionantes de la salud. Así, se articula la Red Española de Vigilancia en Salud Pública, de la que dependerá la Red Española de Laboratorios en Salud Pública.
También se creará el Centro de Análisis de Políticas y Actuaciones en Salud Pública, para el asesoramiento técnico y la evaluación de estas cuestiones.
Se consolidará como órgano de coordinación la Comisión de Salud Pública, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para garantizar la cohesión y equidad de las intervenciones de salud pública y su integración en todas las políticas con impacto en salud.
Por último, se constituirá el Consejo Español de Salud Pública, órgano colegiado de consulta y participación, adscrito al Ministerio de Sanidad, en el que estarán representados los departamentos del gobierno central cuyas políticas inciden en la salud y administraciones, organismos y organizaciones que aseguren una adecuada gobernanza del sistema.
Pajín eliminará las pruebas médicas «innecesarias o de eficacia no demostrada»
El anteproyecto de Ley General de Salud Pública se propone prevenir la discapacidad y evitar que los ciudadanos se sometan a pruebas médicas innecesarias o de eficacia que no haya sido demostrada científicamente, con el fin de evitarles molestias, según la versión del Gobierno. Ahorro, podría ser otra, la de los médicos o los pacientes.
