El 25-S vuelve al Congreso a medio gas

MADRID- De nuevo, el 25-S tomó las calles de Madrid para protestar contra el Gobierno, los Presupuestos, la deuda, los bancos... Y, como ya ocurriera en la última de las convocatorias el pasado martes, la afluencia de público en torno al Congreso de los Diputados no fue la que los organizadores esperaban. Si bien es cierto que previamente, en la marcha que partió de Plaza España, podría haber cerca de 3.000 personas, según iban llegando a la Plaza de Neptuno por el lateral del Paseo del Prado la mayoría decidió no quedarse ahí protestando. Quizás fue culpa del frío, pero los bares de los alrededores estaban abarrotados de gente con pancartas de «No». Mientras apenas un cuarto de la plaza estaba ocupada por los manifestantes y, como en la anterior cita, todos los carriles del Paseo del Prado en sentido a Cibeles estaban abiertos al tráfico. Es más, uno podía cruzar por donde se encontraban los manifestantes sin apenas pararse.

La zona, de nuevo, estaba completamente blindada por la Policía y quienes trataban de hacer la vida normal de un sábado por la noche sufrían las consecuencias de la protesta. Llegar a un restaurante a pocos metros del Congreso no era ni mucho menos fácil. O como le ocurrió a los invitados a una boda en el Palace, que tuvieron que ir pasando, uno a uno, por un cordón policial en la calle Jesús mientras una señora, que parecía no enterarse de contra quién iba la protesta, no hacía más que increparles: «¡Ahí están los capitalistas! ¡Ésos son, los elegantes! ¡Gritadles!», decía ella, al parecer muy crítica con las bodas... Eso sí, nadie hizo caso a sus gritos.

Pero, en general, la marcha concluyó sin incidentes. Durante cerca de dos horas los manifestantes recorrieron los 2,5 kilómetros que separan Plaza de España de Neptuno. Ante la atónita mirada de los turistas –porque los madrileños ya están acostumbrados– caminaron por Gran Vía, Alcalá y el Paseo del Prado coreando sus clásicos lemas como «¡Que no, que no, que no nos representan!», «¡No debemos, no pagamos!» o «¡Sí se puede!». Aunque en esta ocasión sí que hicieron más ruido que en otras convocatorias, pues, además de los cientos de silbatos que llevaban, iban acompañados de una batucada. Ni siquiera las sucursales bancarias se libraban de sus insultos y cuando se cruzaban con una los gritos cambiaban por los de «¡Ladrones!» o «¡Usureros!».

Durante todo el recorrido, los manifestantes estuvieron escoltados por un gran número de agentes a pie y de furgonetas policiales para evitar incidentes, aunque no tuvieron que actuar.
«Injusticia» era la palabra más repetida por los ciudadanos, que consideran que «es una "puta"injusticia que la mierda de políticos que tenemos sigan tan tranquilos con la "puta"situación que vivimos», se quejaba Alberto, un joven de 25 años que cada pocas palabras incluía un insulto.

Menos violentos eran los comentarios de un matrimonio que decidió acudir a Neptuno «para defender el futuro de nuestros hijos». Ambos decidieron protestar a unos cien metros del epicentro de la manifestación, en la acera del Hotel Ritz, porque «no queremos estar ahí en medio si empiezan a cargar».

No fue necesario, y eso que el amplio despliegue policial parecía estar preparado para lo peor. La Bolsa, blindada; el Banco de España, cercado; el Ministerio de Sanidad, con furgones policiales; las calles que rodean el Museo del Prado, plagadas de luces azules de los coches de Policía... Una imagen que cada vez se repite con más frecuencia.
A las 21:00 los organizadores decidieron dar por concluida la protesta, aunque muchos ya lo habían hecho antes. Sólo unos cientos de personas decidieron quedarse un rato más, quizás esperando a algún grupo de rezagados. Pero nunca llegó.

300 multas por protestar sin autorización
Como la manifestación, de nuevo, no había sido comunicada oficialmente y, por tanto, no estaba autorizada, la Policía procedió a identificar a muchos de los participantes, tanto al comienzo como al final de la misma. Por este motivo, los agentes abrieron, al menos, 300 expedientes sancionadores, los cuales incluyen multas que van desde los 300 hasta los 6.000 euros. Los organizadores, la Coordinadora 25-S, apuntaron que no era necesario pedir autorización porque la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, era consciente de lo que iba a ocurrir. Ellos también. O, por lo menos, deberían saberlo.