Que los diputados y senadores quieran mantener sus actuales regalías sobre pensiones en un momento como el actual no sólo es escandaloso sino que constituye una provocación inadmisible. Ya lo fue en el año 2006 cuando los partidos se pusieron de acuerdo para aprobar que Sus Señorías pudieran acceder a la pensión máxima de jubilación al retirarse por el hecho de haber ocupado durante dos legislaturas un escaño en el Congreso de los Diputados o el Senado.

Es indignante que quienes defienden el retraso de la edad de jubilación a los 67 años justifiquen el mantenimiento de este tipo de prerrogativas para quienes deberían ser los primeros en dar ejemplo a los ciudadanos.

No soy partidario de que los parlamentarios disfruten de regímenes especiales de ningún tipo, ni en lo referido a las pensiones ni sobre vacaciones o aforamientos judiciales. El parlamentario debe tener un sueldo digno y todas las facilidades necesarias para ejercer su trabajo en las Cortes, incluidas dietas o exenciones en los transportes, habida cuenta de los desplazamientos continuos a que les obliga su actividad. Pero el resto de las prebendas están de más y carecen de justificación, sobre todo en momentos como los actuales, con más de cuatro millones de parados y la exigencia de cotizar durante 41 años para poder jubilarse a los 65 con la pensión máxima.

Lo que no sé es como tienen el valor de plantearlo.