Las administraciones asfixian con sus impagos a miles de autónomos

Segovia/Valladolid- Si hay algún colectivo que está sufriendo como nadie la brutal crisis económica en España es el de los autónomos. Mes tras mes, Castilla y León sigue perdiendo trabajadores por cuenta propia y se espera que a final de este año se superen los dos mil autonomos menos en nuestra Comunidad. Y gran parte de culpa -por no decir toda- la tiene la morosidad de las administraciones públicas. También privada, pero sobre todo las primeras. Lo denunció ayer en Segovia la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León.

Soraya Mayo puso encima de la mesa unos datos que espantan hasta el más valiente de los mortales. 861 millones de euros deben las administraciones públicas a los autónomos de Castilla y León. Y hasta 154 días de media tardan los ayuntamientos, las empresas públicas, los gobiernos central y regional o las diputaciones provinciales en pagar a sus proveedores. O lo que es lo mismo, entre cinco y seis meses. La mitad de los 205.356 autónomos que había registrados en noviembre en nuestra Comunidad han cobran sus trabajos más tarde de los seis meses y sólo el 12 por ciento tiene suerte de cobrar las facturas a los noventa días, según datos facilitados por ATA. Además, a esta situación se agrava el hecho de que los autónomos han tenido que adelantar hasta 67 millones de euros en concepto de IVA por facturas que encima no han cobrado. Algo que con Mariano Rajoy se va a suprimir a partir del próximo año, según adelantó el ya presidente del Gobierno el pasado lunes en el debate de investidura. Por provincias, los leoneses y los vallisoletanos concentran la mayor parte de la deuda pública, con más de 330 millones de euros entre estas dos provincias.

Para Soraya Mayo es hora de reaccionar y de pasar al contrataque apoyando al tejido empresarial facilitando el crédito, y fomentando el autoempleo. «Es indignante que una empresa viable cierre por falta de liquidez mientras las entidades dedican fondos millonarios a las prejubilaciones de sus consejeros», denuncia Mayo.