Miembros del Consultivo avisan de que el TC tumbaría la ley del Guadalquivir

SEVILLA- La gestión del Guadalquivir volvió a manos del Estado a finales de octubre al ser imposible un acuerdo entre la Junta y el Gobierno. No encontraron una fórmula de gestión que sorteara la sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el artículo 51 del Estatuto de Autonomía. La decisión ha supuesto un duro revés para el Ejecutivo andaluz, que en 2008 festejó con tintes históricos el traspaso de competencias.

La Junta no ha tirado la toalla. La vía política sigue abierta. Los tres grupos del arco parlamentario aprobaron el 13 de septiembre una Proposición de Ley Orgánica de Delegación de Competencias a iniciativa del PSOE-A para conseguir la gestión del Guadalquivir utilizando el artículo 150.2 de la Constitución. La última parada de la iniciativa será en el Congreso de los Diputados. En el horizonte se vislumbra un frente de confrontación con el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy.

PSOE, PP e IU alcanzaron el compromiso de que se pronunciara el Consejo Consultivo. Y este órgano emitió a principios de noviembre un dictamen favorable, avalando la constitucionalidad de la iniciativa. Lo respaldó la mayoría, pero no hubo unanimidad. Un voto particular firmado por los consejeros José Antonio Galiana, María Dolores Martínez y Francisco J. Gutiérrez señala claramente que la Proposición de Ley Orgánica «resulta contraria al ordenamiento constitucional», por lo que abundar en la vía del artículo 150.2 de la Constitución para conseguir el traspaso aboca a la comunidad a nuevos varapalos judiciales. «El Consejo Consultivo, al aprobar el dictamen en los términos en que lo ha aprobado, hace un flaco favor a la comunidad autónoma de Andalucía y a los andaluces dando el visto bueno a que esta Proposición de Ley Orgánica (...) pueda llegar a convertirse en norma jurídica».

Los tres consejeros recuerdan, asimismo, que «incluso ha sido puesta en entredicho por el actual presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados», Alfonso Guerra. Hay que recordar que Guerra puso como precedente jurídico la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó que Castilla y León asumiera «competencias de desarrollo legislativo y de ejecución» sobre las aguas del Duero, una sentencia que, por cierto, es uno de los pilares de argumentación del voto particular. Guerra, asimismo, aseguró en una entrevista en 2008 que era «partidario de derogar el artículo 150.2 de la Constitución», ya que dejaba siempre abierta la puerta del proceso constituyente.

«Tenemos el convencimiento de que esta Proposición de Ley Orgánica podría ser declarada inconstitucional por el Tribunal competente para ello, bien como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad (…) bien como consecuencia de una cuestión de inconstitucionalidad derivada de los correspondientes recursos judiciales que a buen seguro interpondrán los destinatarios de la política pública de aguas contra los distintos actos administrativos de la gestión autonómica diferenciada». «Esto –continúa la exposición de motivos de los tres consejeros– sumiría en la más absoluta inseguridad jurídica no sólo la política de aguas , tan esencial para nuestra comunidad, sino también los puestos de trabajo de centenares de empleados de la Administración y, por tanto, debe ser evitado como instrumento de confrontación; sobre todo cuando esta Proposición de Ley Orgánica tampoco soluciona la falta de correspondencia entre nuestro sentimiento identitario como andaluces y la realidad geográfica y jurídica vigente».

Consideran en cualquier caso los tres consejeros discrepantes que en el dictamen jurídico «debería haberse aprovechado la ocasión para proclamar el carácter andaluz del río Guadalquivir y no se ha hecho». «Para los andaluces el río Guadalquivir es un río andaluz, esté o no esté toda su cuenca hidrográfica en Andalucía, porque los sentimientos identitarios no entienden de límites geográficos y mucho menos de límites jurídicos».

El detalle
- En el voto particular reprochan que en el dictamen «primero se saca la conclusión y luego se analiza la jurisprudencia tratando de encontrar una interpretación de las sentencias del Tribunal Constitucional que pudiera avalar la conclusión ya sacada».
-«Compartimentar la administración de las aguas del Guadalquivir, aunque siga gozando de un régimen jurídico único, sería para el Alto Tribunal a todas luces inconstitucional, sea cual sea la vía que se utilice para ello, y en consecuencia, aunque se utilizara la vía de la delegación de competencias o facultades previstas en el artículo 150.2 de la Constitución e incluso la mera encomienda de gestión».