La Junta continúa abonada al nombramiento de cargos «a dedo»

Sevilla- Pese a los varapalos judiciales y a la oposición de varios sindicatos, el Gobierno autonómico apuesta por el camino de la libre designación para la provisión de puestos en la Administración autonómica. Así lo refleja el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en el que se puede comprobar que los cuatro últimos nombramientos se han vuelto a producir por esta fórmula.

En dos resoluciones fechadas el 26 de septiembre se adjudicó a Pedro Ontiveros Caballero un puesto en el Servicio de Gestión de la Calidad, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública; así como un cargo en el Servicio de Asistencia Jurídica, que compete al mismo departamento, a Juan Antonio Moreno Quirós.

De días después, en concreto del 1 de octubre, es la resolución por la que se da luz verde al nombramiento de María Isabel Artillo Picón, como coordinadora general, en el ámbito de la Consejería de Justicia e Interior. Y el 2 se designa a Pedro Bisbal Aróztegui secretario general con un centro de destino: la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, de la Consejería de Economía de Antonio Ávila.

Se da la circunstancia de que los cuatro son funcionarios, sin embargo, fuentes tanto del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) como de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) rechazan «este sistema de elección ‘a dedo', no sólo en el caso de quienes llegan de fuera», sino también en el del colectivo al que ellos pertenecen. «Parece que la Junta no funciona sin un PLD –puesto de libre designación–», ironizan. De hecho, ambos sindicatos abogan por que la cobertura de plazas en la Administración se lleve a cabo «sólo a través de concursos de méritos».

Punto en el que cabe recordar que también denunciaron el «secuestro» por parte de la Junta del convocatoria que debería haberse resuelto el 15 de noviembre de 2011. Es más, el SAF registró en julio una queja en la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige Carmen Martínez Aguayo para exigir su resolución «conforme a las bases originales del mismo y no teniendo en cuenta la antigüedad de los interinos, como quieren».

En el documento se acusaba al Ejecutivo regional de empeñarse en «no cumplir con los plazos que señala el Decreto 2/2002 –por el que se aprueba el reglamento general de ingreso, promoción interna y provisión de puestos para los funcionarios de la Administración General autonómica–». ¿Cómo? Al «no convocar un concurso desde 2009, estando obligada a hacerlo cada seis meses, y al no resolver el último convocado –se abrió en marzo de 2011– en el plazo legalmente establecido», explican las mismas fuentes.

Desde el SAF apuntan que en la mesa sectorial de negociación celebrada el lunes 8, la directora general de Recursos Humanos y Función Pública «nos comentó que el concurso está ‘sub iudice' y que no actuarán hasta que exista una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pese a los 12.000 afectados que esperan», critican. Y hay más: «Propuso, a estas alturas, la creación de un grupo de trabajo para cambiar el Decreto 2/2002 sólo en lo referente a las bases de un concurso que nació muerto», señalan. Temen que sea «un paripé, una nueva tomadura de pelo y que todo esté ya más que hecho».