La Rioja

El TC frena a Montilla y Casas asegura que habrá sentencia antes del verano

El Parlamento catalán también instó al Alto Tribunal a no resolver los recursos contra la norma estatutaria.

El Constitucional rechaza declararse incompetente para sentenciar el Estatut
El Constitucional rechaza declararse incompetente para sentenciar el Estatutlarazon

La reacción del Tribunal Constitucional a las peticiones del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y del Parlament, de declararse incompetente para resolver los recursos interpuestos contra el Estatut fue tajante e inmediata: rechazo de plano a esa pretensión. Y junto a ello, la propia presidenta, María Emilia Casas, se encargaba de dar un aviso a navegantes al dar por seguro que habrá sentencia antes del verano. De hecho, prevé llevar al Pleno de junio su borrador de resolución.El miércoles se registraba en la sede del Alto Tribunal el escrito del Parlament en que pedía que los actuales magistrados se abstuviesen de resolver los siete recursos interpuestos contra el Estatut –Partido Popular, Defensor del Pueblo, Diputación General de Aragón, La Rioja, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana–. La Cámara catalana, con los votos del PSC, CiU y ERC, aprobaba un texto donde se denunciaba la «falta de legitimidad» del TC para resolver esos recursos, motivada principalmente por el «mandato caducado» de cuatro de sus magistrados desde hace ya dos años y cinco meses y la vacante, sin cubrir, producida por el fallecimiento de Roberto García-Calvo.De forma inmediata, la presidenta del TC, María Emilia Casas, convocaba para ayer mismo un pleno extraordinario para resolver esa petición.Sin embargo, poco antes de iniciarse la reunión se recibió la petición que, en términos similares, realizaba la Generalitat de Cataluña, aunque ésta sólo aludía al recurso de los populares.Por ello, se decidió unir al orden del día esa solicitud y resolver las dos cuestiones de forma conjunta y al mismo tiempo, toda vez que se planteaban cuestiones similares. Y la resolución fue unánime y tajante: rechazo a la pretensión de declarararse incompetente, y, por tanto, ratificar su plena legitimidad para intentar sacar adelante un fallo.De hecho, en todas las providencias, el Pleno del Alto Tribunal, tras señalar que «no ha lugar a lo solicitado» por el Parlament y la Generalitat, cita de forma expresa el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ese precepto es el que avala la legitimidad de los magistrados con mandatos vencidos para continuar en el ejercicio de sus cargos. «Los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieran de sucederles».

El aval del borrradorDe esta forma, el TC abortaba de plano las pretensiones de que dejasen de lado los recursos contra el Estatut hasta que se hayan nombrado a los sustitutos de María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde, quienes fueron designados por el Senado a finales de 1998.Y no sólo eso. La presidenta y nueva ponente de la sentencia, María Emilia Casas, se mostró convencida de que habrá fallo sobre el Estatut antes del verano. Así lo reconoció en una conversación con periodistas el miércoles por la noche.«Seguro que hay sentencia», afirmó al respecto cuando fue interpelada sobre esa cuestión. Además, informa Ep, también expresó ese mismo convencimiento a la hora de valorar si su borrador de sentencia será avalado por la mayoría de los miembros del TC. En el supuesto de que ello no ocurriera, reconoció que se realizaría una votación artículo por artículo.Ello llevaría a que el Alto Tribunal sentenciase el Estatut antes de proceder a esa renovación, pese a que Montilla lograse el pasado lunes que el PSOE la impulsase y la Cámara Alta diese los primeros pasos en esa línea. Sin embargo, para llevar a cabo esa renovación todavía falta un buen trecho por recorrer.El PP quiere que antes de abordar esa renovación se produzca el fallo sobre el Estatut, al entender que después de varios años de deliberaciones –en julio se cumplen cuatro de la interposición del recurso– no se puede nombrar un tribunal «ad hoc» para este recurso.Casas asumió la ponencia de la sentencia del Estatuto el pasado 19 de mayo, después de que el borrador del texto redactado por el conservador Guillermo Jiménez no cosechara los apoyos necesarios en el pleno y fuera retirado incluso antes de votarse.

La batalla de los recursos1/ GENERALITATEl Gobierno catalán solicitaba que el TC no resolviese el recurso del PP contra el Estatut. Esgrimía un informe de sus servicios jurídicos que concluía que el Tribunal está en una situación «anómala» que desfigura el modelo de TC que fija la Constitución.

2/ PARLAMENTO CATALÁNAcudió al Alto tribunal a través de un «incidente procesal» elaborado por los letrados de la Cámara, donde se determinaba que el TC no tiene las condiciones necesarias para ejercer su función con los requisitos exigidos por la Carta Magna.

3/ TRIBUNAL El Tribunal Constitucional rechazó ayer de plano las pretensiones de la Generalitat y del Parlamento catalán y reafirmó la legitimidad de la actual composición para resolver los recursos interpuestos contra aspectos esenciales de la norma estatutaria.

4/ SENTENCIALa presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, ha expresado su convencimiento de que habrá sentencia antes del verano y de que el borrador que prepara contará con el aval de la mayoría. Se discutirá en junio.

La reforma, en el CongresoEl portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, anunció ayer a Ep que hoy registrará en el Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que sus magistrados tengan que ser obligatoriamente sustituidos si permanecen más de seis meses en funciones. Lo hará en solitario porque, aunque lo ha intentado, no ha logrado que los diputados de PSC, ERC e ICV plasmen su firma en una propuesta que es idéntica a la que pactaron en el Parlament y que ya han presentado en el Senado. Será, dijo, «milimétrica» a la presentada en la Cámara Alta. La idea inicial de Duran era presentar ese texto en el Congreso con la firma de todos los diputados catalanes, habida cuenta de que el Reglamento de la Cámara permite registrar una iniciativa de este tipo si recaba la firma de al menos quince parlamentarios.