Las administraciones asfixian a las empresas

MADRID-Cuenta Francisco Jardón, presidente de la patronal de las empresas de servicios de saneamiento urbano –Aselip–, que cuando acude a reuniones de la asociación europea y se pone sobre la mesa el problema de la morosidad, todas las miradas se vuelven de forma rápida hacia él. Asegura que, a excepción de casos puntuales en Francia e Italia –en esta última, el problema de la recogida de basuras es mucho más complejo por la implicación de la mafia–, en Europa esta lacra es casi inexistente en su secto, que las administraciones y las empresas pagan en plazos razonables, cosa que no sucede en España.

Desde que la crisis empezó a arreciar hace ya más de tres años, las dificultades crediticias ahogan cada vez más a las empresas. Todo el mundo paga mal: compañías, particulares y, sobre todo, las administraciones públicas. Cinco meses de media –153 días– tardan en liquidar las facturas a las compañías los ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones y el Estado, según datos de Intrum Justitia, empresa sueca líder en gestión de crédito en Europa. Un plazo similar al de hace un año, lo que demuestra que la situación no ha mejorado, y que dobla ampliamente la media europea –65 días, dos más que en 2010–.

Lejos, muy lejos, quedan pues las pretensiones de la Ley de Morosidad que entró en vigor en junio del pasado año. El objetivo de la misma era que las administraciones públicas pagasen este año en un plazo máximo de 50 días, que habría de reducirse a 45 en el próximo ejercicio y a 30 en 2013, objetivos a todas luces inalcanzables a tenor de la realidad económica actual y que van a impedir reducir la abultada deuda que las administraciones tienen contraída con las empresas y que ronda los 38.000 millones de euros, según los datos de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

Los particulares, en 68 días
Pero la sequía crediticia y las dificultades para cumplir con las obligaciones de pago no son exclusivas de las empresas y las administraciones. En un país que ronda los cinco millones de parados, no es extraño que cada vez sean más los que tienen dificultades para pagar las deudas que contraen con las compañías. Si hace un año los españoles lo hacían en un plazo medio de 59 días, ahora necesitan 68, frente a los 40 días de media de sus vecinos europeos.

Por sectores, el sanitario sigue siendo el más afectado por la morosidad. Las administraciones españolas tardan de media casi un año –251 días– en liquidar sus facturas a hospitales, médicos, empresas farmacéuticas y proveedores, frente a los 62 del resto de Europa. Un cálculo, sin embargo, que desde el propio sector califican como demasiado optimista. Según la patronal de las compañías farmacéuticas, Farmaindustria, el periodo medio de pago de los servicios autonómicos de salud a los proveedores ha pasado de 390 días en 2010 a 468 en este ejercicio, según los datos computados hasta el pasado mes de septiembre. Sólo la deuda farmacéutica hospitalaria asciende ya a 5.826 millones de euros, casi 100.000 millones de las antiguas pesetas.

Tampoco ha mejorado la situación para otro de los sectores más castigados por la crisis, el de la construcción, que sigue teniendo que esperar casi un año –216 días– para cobrar de las administraciones públicas.

A la vista de los datos expuestos, no es de extrañar que el retraso en los pagos sea una de las principales preocupaciones de las empresas españolas. El 40% de las mismas ve amenazada su supervivencia por la morosidad, según Intrum Justitia. De hecho, en los últimos tres años, CEPYME calcula que 450.000 compañías, el 13% del tejido empresarial español, han desaparecido como consecuencia de la morosidad.

A esta amenaza se suma, además, la de las pérdidas por impagos, que en España rondan los 28.630 millones de euros. Llevar a pérdidas una deuda porque la empresa deudora quebró o desapareció supone un grave perjuicio para una compañía. Si una empresa provisiona unas pérdidas de 10.000 euros, con un margen de rentabilidad del 5%, necesitaría realizar unas ventas adicionales de 200.000 euros para contrarrestar el efecto de las pérdidas por esos 10.000 euros.

Respirar por un resquicio legal
Sólo un resquicio legal ha permitido que la deuda de los ayuntamientos con las empresas de saneamiento urbano se haya estabilizado en el entorno de los 3.000 millones de euros. Según la Ley, si un consistorio no puede hacer frente a sus pagos por causas sobrevenidas –en este caso, la crisis–, puede reducir el tamaño de un contrato un 20% para ahorrarse la parte proporcional de sus costes. Eso sí, a costa también de ver reducidos los servicios en la misma proporción. Esta salida es, según Francisco Jardón, la que ha permitido contener la deuda en un sector que soporta una mora media de once meses y que no espera ningún milagro inmediato del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy dada la complicadísima situación que atraviesa la mayoría de los ayuntamientos.