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Confianza mayoritaria
El primer paquete de medidas de ajuste del Gobierno recibió ayer el respaldo mayoritario del Congreso. El decreto ley de medidas urgentes fue convalidado con el apoyo de los diputados de PP, CiU y UPN. En total, fueron 197 votos a favor, 138 en contra y cuatro abstenciones, lo que refleja una confianza concluyente. Los argumentos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para defender iniciativas difíciles como la subida temporal de impuestos hasta lograr un ajuste de 15.189 millones de euros fueron convincentes. Bastó con detallar ante la Cámara la situación de las arcas públicas heredada de los socialistas, con un desfase presupuestario respecto al objetivo oficial no previsto ni comunicado por el anterior Ejecutivo superior a los 20.000 millones de euros. Un agujero negro que disparó el déficit público hasta el 8% en 2011. En esta coyuntura, el Gobierno tenía una capacidad de maniobra limitada por la urgencia y las exigencias de una situación límite. Montoro explicó que las decisiones se adoptaron de la forma «más neutral y ponderada posible en términos económicos y sociales». El relato del ministro se ajustó a la realidad. Apostó por una salida dura y compleja pero necesaria. Las alternativas eran excesivamente gravosas, poco eficientes o clamorosamente injustas. El refrendo de los diputados de CiU al decreto fue un acto de responsabilidad y de coherencia que merece ser reconocido. Para el Gobierno, ese respaldo resultó un aval político que apunta a un conveniente clima de entendimiento y colaboración. Todo lo contrario que con el PSOE. Su actitud fue decepcionante. Los socialistas demostraron que siguen anclados en los esquemas de la legislatura pasada que ya fueron reprobados por los españoles. No hubo ayer atisbo de oposición constructiva. Su portavoz, José Antonio Alonso, abrió un debate estéril sobre el conocimiento o no que Rajoy tenía sobre la cifra real de déficit público. Quedó en evidencia. Él mejor que nadie debía saber que la ex vicepresidenta Elena Salgado garantizó en repetidas ocasiones que se cumpliría la previsión del 6%. Nunca se mencionó el 8%, ni siquiera en el traspaso de poderes. El PSOE no ha digerido la derrota y, lo que es peor, no ha aprendido de ella. La convalidación del decreto ha sido el primer paso de muchos. Montoro trasladó ayer también a los consejeros económicos de las autonomías gobernadas por el PP que estudia la posibilidad de sancionar a las comunidades que incumplan la disciplina presupuestaria, como adelantó LA RAZÓN. Es razonable y está justificado que no salga gratis una gestión ineficiente que contagie y ponga en riesgo al resto de la nación. El modelo de la discrecionalidad, que hemos sufrido hasta ahora, nos ha empujado a todos hasta el actual estado de necesidad.
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