El alcalde calla tras ser acusado por un imputado

SEVILLA- «El alcalde no puede permanecer callado y debe dar respuesta a estas veladas acusaciones». Así reaccionó ayer el portavoz del PP de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, tras conocerse que la defensa del ex director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce –imputado por la presunta venta ilegal de suelo– ha pedido por carta a la juez del caso, Mercedes Alaya, que «llame» a testificar como imputado a «cuantas personas» fueron nombradas en la declaración del dueño de Larena 98, Antonio Pardal, entre ellas, por tanto, al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.Mientras el regidor evitaba pronunciarse ayer sobre esta novedad, Zoido recordó que tanto Ponce como Fernando Mellet, ex director gerente de Mercasevilla –cuyo letrado acusó al primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, de «impulsar» la venta de suelo presuntamente fraudulenta– son «dos destacados militantes del PSOE» y apostilló: «Entre ellos anda el juego y entre ellos tendrán que aclarar las relaciones que existían y quiénes y de qué manera participaron en los hechos». El PP interviene de este modo, exigiendo una manifestación pública de Monteseirín, ante el primer conato de implicación política del caso por parte de los dos imputados, a quienes sus abogados consideran en situación de «indefensión». El temor a que Ponce y Mellet desvelaran más implicaciones en la trama, presente desde que saltó a la luz pública el escándalo, parece irse concretando en una llamada de atención de ambos, hasta ahora únicos «damnificados», a la esfera política y, entre ellos, a los dos máximos responsables del Ayuntamiento, Monteseirín y Torrijos, a quienes el PP siempre ha considerado «punta del iceberg» de este caso. El primer teniente de alcalde y portavoz local de IU sí se pronunció sobre la carta del defensor de Mellet a la jueza. Torrijos aseguró desconocer el contenido de la misiva elevada al juzgado de Instrucción número 6, si bien mantuvo su «ofrecimiento permanente para colaborar» con la Justicia en la resolución del escándalo.

Los prejubilados no se manifestaránLa Subdelegación del Gobierno ha «desautorizado» por la entrega tardía de los documentos de petición la manifestación promovida para mañana por los prejubilados de Mercasevilla para exigir que la Junta asuma los «compromisos de pago» del expediente de regulación de empleo que firmó en 2007. Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por José Chamizo, ha suspendido y archivado el expediente de queja incoado a instancias de este colectivo para reclamar la implicación de la Administración al quedar el conflicto «pendiente de resolución judicial».