Los sindicatos no aceptarán la imposición de unos servicios mínimos para el 29-M

León/Valladolid- Los sindicatos UGT y CC OO no aceptarán que la Junta imponga unos servicios mínimos en Castilla y León en la jornada de huelga prevista para el próximo jueves 29 de marzo. Así lo manifestaban tanto en León como en Valladolid representantes de ambas fuerzas sindicales. El secretario general de UGT, Agustín Prieto, reclamaba a la Junta que no vuelva a establecer unos servicios mínimos «abusivos» que generen una «tensión necesaria» y que sean «compatibles» el derecho a la huega y prevalezca sobre el derecho al trabajo. Por su parte, José Vicente Andrés (CC OO), manifestaba que se trata de una huelga de 24 horas, no indefinida, para adaptar los servicios mínimos.

En la capital vallisoletana, representantes de los dos sindicatos mantenían un encuentro con las altas esferas del PSOE, en la que ambas partes hacían un llamamiento al Gobierno para que se sentase a negociar la «reforma laboral», a la que califican de «inútil» e «innecesaria», para evitar la huelga general.

En este sentido, el secretario de organización socialista, Pedro Muñoz, anunciaba la presentación en las Cortes de una Proposición No de Ley en la que se insta a hacer un estudio para evaluar la constitucionalidad de la norma y si choca con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Eso sí, no respondió si el PSOE secundará la huelga aunque afirmó que miembros de la formación estarán en las distintas manifestaciones que se celebren por la tarde el 29 de marzo.

Mientras, en León, Agustín Prieto, declaraba que no tenía mucho «optimismo» para establecer un diálogo con el Gobierno sobre la reforma laboral, por lo que estimó que habrá que continuar «reivindicando para volver a la situación anterior a la reforma laboral».

Por su parte, Ángel Hernández (CC OO), recordaba que la anterior reforma laboral aprobada por el Gobierno socialista se tildó de «peligrosa», porque en su redacción se detectaron «desequilibrios» a favor de las organizaciones empresariales, y la llegada de Rajoy al Ejecutivo central ha provocado liquidar los acuerdos adoptados entre los sindicatos y los empresarios.