El Senado galo prohíbe el burka en la calle

El visto bueno del Senado era el último trámite necesario y sus señorías galas lo dieron ayer masivamente. Tras su adopción en julio por los diputados, el proyecto de ley impulsado por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para prohibir el uso del velo integral islámico en todos los espacios públicos del país, incluida la calle, fue aprobado en la Cámara Alta por una clamorosa mayoría de 246 votos a favor y uno en contra.

No hubo sobresaltos ni aspavientos por parte de los senadores de la oposición de izquierdas, que se abstuvieron en buena parte. No torpedearon su aprobación porque socialistas, comunistas y verdes comparten con la mayoría conservadora que el velo islámico integral es incompatible con los principios constitucionales de la República de Fracia aunque difieren respecto al perímetro de su prohibición, todo el ámbito público, y además temen que la ley estigmatice al conjunto de la comunidad musulmana en el país vecino. El texto, que no cita expresamente ni el burka ni el niqab, prohíbe de manera general «disimular el rostro» públicamente y la infracción de esta nueva norma estará penada con una multa de 150 euros que podría completarse o conmutarse, según los casos, con un «cursillo de ciudadanía». Mucho más severo será el castigo a quienes impongan el uso de esa prenda a una mujer. Un nuevo delito que podría costar hasta un año de prisión y 30.000 euros, y el doble si la víctima es una menor.

Según el Gobierno de Sarkozy, no se trata de perseguir a las usuarias del burka, unas dos mil en Francia, sino de convencerlas de que abandonen su uso –minoritario y radical– por considerar que atenta contra el orden público y contra la dignidad de la mujer. De ahí que la entrada en vigor de la sanción no sea efectiva hasta la próxima primavera, dándose así el Ejecutivo de la UPM un tiempo para la mediación y para hacer pedagogía.

Aunque son muchas ya las voces que dudan de la aplicabilidad de esta nueva legislación sobre la que el Consejo de Estado había cuestionado su viabilidad jurídica. Precisamente para disipar toda duda sobre su posible anticonstitucionalidad, el Consejo Constitucional se pronunciará en un mes.