Estado de alarma

ESPAÑA vive desde ayer en estado de alarma por primera vez desde la instauración democrática a causa de la huelga salvaje de los controladores que ha obligado a cerrar el espacio aéreo nacional durante más de veinte horas. La decisión, adoptada a primera hora de la mañana en un Consejo de Ministros extraordinario, estuvo precedida por la militarización del control aeroportuario y ha puesto fin a una pesadilla que han sufrido en carne propia cientos de miles de pasajeros y, de alguna forma, todos los españoles. El coste en términos económicos será muy considerable y a efectos de imagen es evidente que la marca «España» ha sufrido un serio quebranto cuando más delicada es la coyuntura internacional. La extraordinaria gravedad de lo acontecido desde la tarde del viernes, día en que empezaba el puente de la Constitución, exige un análisis riguroso y sin concesiones sobre el comportamiento que han tenido los distintos actores de un motín que marcará un punto de inflexión en la organización de la navegación aérea española. Nuestros cielos no pueden estar al albur de un puñado de irresponsable.

LOS CULPABLES.  No cabe ni debe caber ninguna duda de quiénes son los únicos causantes del caos aéreo: los controladores y su sindicato de casta. Si les asistían algunas razones en su pulso personal con el ministro de Fomento, y en verdad así era, ayer las perdieron todas de golpe. Su intolerable prepotencia al paralizar el transporte aéreo no tiene parangón con el abuso de otras huelgas salvajes. No sólo se han burlado de los ciudadanos, cuya angustia e indignación desprecian, sino que además han puesto en peligro la seguridad de un sector estratégico para la nación. No tienen excusa ninguna, y al traspasar las líneas rojas de la reivindicación laboral han cavado su propia tumba como colectivo y se han degradado como seres avarientos e insensibles a la penuria de millones de parados. Su rendición en toda regla es una victoria para la inmensa mayoría.

EL GOBIERNO. El presidente Zapatero ha acertado al actuar con contundencia y eficacia. Su deber era reabrir el espacio aéreo, defender los derechos de los pasajeros y restablecer la normalidad. Lo ha hecho con escrupuloso respeto a las leyes y a la Constitución. La declaración del estado de alerta es un instrumento que la Carta Magna pone a disposición del Ejecutivo para hacer frente a situaciones de emergencia. Por tanto, nada hay que reprochar al Gobierno por su gestión de la crisis y por su decidida voluntad de no doblegarse a los controladores. Otra cosa es su desastrosa negociación previa con los sindicalistas, que tras año y medio de tira y afloja ha terminado de la peor manera posible e imaginable. No es de recibo que el Consejo de Ministros aprobara, al comienzo de un puente que mueve a millones de viajeros, nuevas normas laborales. El ministro de Fomento lanzó un órdago a los controladores en el día más crítico posible. Las consecuencias del desafío están a la vista de todos. No es así como se resuelven los contenciosos laborales y nadie mejor que unos gobernantes socialistas para saberlo. Por otra parte, se ha echado en falta la comparecencia pública de Zapatero dada la gravedad de la situación. Si no da la cara cuando declara el estado de alarma, ¿cuándo la dará?

LA OPOSICIÓN.  Sería deseable que la legítima pugna política no sirviera de cortina de humo para encubrir la responsabilidad de los controladores, pero tampoco para absolver al Gobierno de su notorio fracaso negociador y de su inoportuno decreto que hizo de espoleta. El PP está en su derecho de exigir a Zapatero que explique el origen y la causa del caos. Y no tiene razón el PSOE cuando acusa al PP de haberles regalado a los controladores su estatus de privilegio: los socialistas llevan casi siete años en el poder y han sido incapaces de resolver la pésima gestión de AENA y de embridar a los profesionales del control aéreo. Endosar la culpa a un decreto de hace 11 años sólo demuestra impotencia.

SOLIDEZ INSTITUCIONAL. Es en situaciones extremas como la de ayer cuando se ponen a prueba la solidez institucional y la salud democrática de un país. Resulta muy satisfactorio comprobar que nuestras instituciones han reaccionado con plena normalidad y sin crujidos, desde la Jefatura del Estado, que en la persona del Rey intervino desde Argentina para convalidar los decretos pertinentes, hasta la Fiscalía General, que ya ha abierto diligencias a un centenar de controladores para depurar responsabilidades penales. Es más discutible que el Consejo del Poder Judicial deba salir en apoyo del Gobierno. En todo caso, es justo que los españoles nos felicitemos por la eficacia de los mecanismos constitucionales, lo que tal vez sirva para que los nacionalistas irredentos aprecien un poco más la Constitución de todos.