La doble moral del ecologismo llanito

MADRID- El tira y afloja entre los pescadores gaditanos y el Gobierno de Gibraltar ha devuelto a la actualidad el estado de salud de las disputadísimas aguas de la Bahía de Algeciras. A finales de marzo, el ministro principal, Fabian Picardo, daba por enterrado un acuerdo tácito que había funcionado desde 1999 y por el cual los 59 barcos de La Línea de la Concepción y Algeciras faenaban frente al Peñón sin entrar en muchas honduras sobre la soberanía de las aguas. En liza están las tres millas náuticas al sur y el este y la milla y media hacia la bahía que reivindican los llanitos y que España considera propias porque no fueron cedidas en el Tratado de Utrecht de 1713.

Poco después de tomar posesión como nuevo jefe de Convent Place, Picardo, nieto de una republicana española, abrió la guerra de la pesca invocando una ley de protección del medioambiente de 1991 que prohibía el uso de determinadas artes. El veto a las redes españolas lo justificó con una encendida defensa del ecosistema de unas aguas en las que cada día vierten hidrocarburos alguna de las tres gasolineras flotantes pertenecientes a empresas gibraltareñas. La bahía que defiende Picardo almacena un total de 300.000 toneladas de hidrocarburos. Los buques gasolinera son en la actualidad «Vemabaltic», de la empresa Vemaoil, «Aelos», de Mar Egeo, y «Captain Jaquet Jacob», de Bunker Gibraltar. Sin embargo, lo de menos es el nombre de las embarcaciones, ya que van cambiando según avanzan las denuncias de Verdemar, perteneciente a Ecologistas en Acción. Así lo asegura su presidente, Antonio Muñoz, quien en conversación telefónica con LA RAZÓN considera que «el daño que hace la pesca artesanal a la bahía es un gota de agua en comparación con la lluvia torrencial de las gasolineras flotantes».

Preguntado por este periódico en una entrevista publicada el 27 de mayo, Picardo reconocía que quizá no era «conveniente» la práctica del «bunkering» desde un punto de vista medioambiental, pero que en cualquier caso era «legal». Según el presidente de Verdemar, las gasolineras flotantes «no están reguladas por la Unión Europea». Eso es precisamente lo que su grupo trata de impulsar en el Parlamento comunitario. Se trata de acabar de una vez por todas con una práctica que reporta enormes ganancias a la colonia británica. En total, cada año se suministran al menos cinco millones de toneladas de combustible en Gibraltar. Dos de cada tres barcos que acuden a la Roca a repostar lo hacen en alta mar y evitan entrar en puerto. Cada año pasan por el Estrecho más de 100.000 barcos de los cuales 4.000 son petroleros. Tampoco parece muy preocupado el Gobierno de Picardo por el impacto medioambiental de los rellenos de la zona de Levante. Organizaciones ecologistas han denunciado en repetidas ocasiones el trasvase de escombros en camiones de La Línea al Peñón para ganar espacio al mar y estirar los seis kilómetros cuadrados con los que cuenta el enclave.

Las cofradías de pescadores linenses saldrán a pescar mañana pese a la última prohición gibraltareña. Las traíñas y marisqueros se acercarán a faenar a una costas cuyos fondos marinos están arrasados por las anclas de las tres imponentes gasolineras flotantes y muy lucrativas para Gibraltar.

Piden la mediación del Rey
El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Pesca (Faape), Pedro Maza, consideró ayer que el conflicto pesquero con Gibraltar es «un problema de Estado», por lo que anunció su intención de «pedir la mediación del Rey». El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, dijo, por su parte, que el Gobierno de España va a defender el derecho de los españoles a faenar en las aguas cercanas al Peñón de Gibraltar «tal y como lo han hecho hasta ahora». «Lo que nos llega del sector pesquero afectado es que la situación es de calma y tranquilidad. Vamos a esperar acontecimientos», señaló.