La juez imputa a cinco cargos de la Consejería de Empleo de la Junta

Advierte de que investiga a responsables de otras consejerías andaluzas que usaron igual sistema «ilegal» para dar ayudas por los ERE 

Sevilla- La juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta trama de corrupción en torno a las prejubilaciones y ayudas a empresas financiadas con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía, tiene claro que «comienzan a consolidarse las bases de la presente causa». Esas «bases» a las que hace referencia en uno de los autos trasladados ayer a las partes y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, es la fórmula elegida por el Gobierno andaluz para pagar los ERE y subvencionar a sociedades cercanas al Ejecutivo y al PSOE y que la magistrada considera ilegal. El «sistema operativo» fue impulsado en 2001 y ha sido empleado durante una década, fundamentalmente por la Consejería de Empleo, pero también por otros departamentos, como el de Innovación, Ciencia y Empresa y el de Medio Ambiente. De la utilización de ese procedimiento que la instructora considera ilícito, nacen las responsabilidades penales: ayer, imputó a cinco nuevas personas –entre ellas, el ex diputado socialista en el Parlamento andaluz Ramón Díaz, así como dos secretarias y dos asesores–, y amplió los cargos a los dos ex directores generales de Empleo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y al ex delegado provincial de esa Consejería en Sevilla, Antonio Rivas.

La nueva hoja de ruta de Alaya nace tras el atestado de fecha de 29 de mayo de 2012 de la Guardia Civil en el que se detallaba la forma de trabajar de la Dirección General de Trabajo y en el que se concluía, entre otras cosas, que, «por lógica», el entonces consejero de Economía y Hacienda y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, debió conocer las irregularidades.

En este sentido, además de las nuevas imputaciones, solicita los expedientes de ayudas gestionados por las Consejerías de Innovación y Medio Ambiente mediante el mismo sistema: transferencias de financiación a la empresa pública Agencia IDEA, que era la que abonaba las ayudas. Avanza que estas indagaciones «pueden conducir a la imputación de otros cargos de la Agencia IDEA o de la Consejería de Innovación».

La titular del juzgado de Instrucción 6 señala un nuevo calendario de declaraciones: el 3 de julio comparecerá al ex director general Juan Márquez; el 11 de julio, su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera; y antes, el día 6, la asesora de Empleo, María José Rofa.

 

Griñán, a la Comisión de investigación
El Parlamento andaluz constituyó ayer la comisión de investigación de los ERE que el PSOE rechazó hasta diez veces en la pasada legislatura. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán (en la imagen), pidió al PSOE que lo incluya en la lista de comparecientes antes de que IU pudiera apoyar la petición del PP. El PSOE también hablará con Chaves para que asista.