Una sentencia lamentable

Los peores pronósticos se han cumplido: el brazo político de ETA ha recibido luz verde para presentarse a las elecciones del próximo día 22 y, de este modo, colarse otra vez en las instituciones y controlar decenas de ayuntamientos. El Tribunal Constitucional así lo decidió ayer al filo de la medianoche al legitimar el grueso de las listas electorales de Bildu. Esta sentencia anula la dictada por el Tribunal Supremo la pasada semana, lo que supone un grave enfrentamiento institucional que debilita el Estado de Derecho y fragiliza la seguridad jurídica. Aunque no sea la primera vez que ambos tribunales chocan con estrépito, en este caso los daños son de excepcional dimensión porque afectan a la lucha contra el terrorismo y significan un retroceso en el aislamiento institucional a su entramado político y social. Con su decisión de ayer, el Constitucional ha dado vía libre a que pueda repetirse el error que supuso hace exactamente cuatro años permitir la entrada en los ayuntamientos vascos y navarros a miembros de ANV, los mismos que, con el tiempo, terminaron convirtiéndose en voceros de las consignas de ETA. Ni siquiera la reunión conocida ayer entre miembros de la banda terrorista y los nacionalistas de EA para articular la estrategia que permitiera a los batasunos colarse en las instituciones, ha sido motivo suficiente como para determinar la ilegalidad de la coalición abertzale. La deslegitimación del TC ha alcanzado un grado tal que o bien los partidos políticos pactan una reforma radical del tribunal para que su sistema de elección y sus funciones se ajusten al espíritu de la Constitución, en vez de degenerar en tribunal de casación frente al Tribunal Supremo, o los daños que provocará en la trabazón institucional tendrán consecuencias irreversibles. En el plano político, también tendrá repercusión el doble lenguaje que desde un principio han empleado los dirigentes socialistas respecto a la legalización de Bildu. Así, mientras por un lado Rubalcaba daba satisfacción al PP al impugnar todas las listas, por otro los socialistas vascos, catalanes y no pocos del propio PSOE presionaban abiertamente en favor del brazo político de ETA. En qué medida el fiasco resquebrajará otra vez el Pacto Antiterrorista no tardaremos en comprobarlo. En todo caso, cabe esperar del PP que extraiga las conclusiones de un episodio en el que sus expectativas han sido burladas y que reaccione política y legalmente con determinación. Más aún, tiene la obligación, porque así lo piden sus votantes y las víctimas del terrorismo, de hacer todo lo posible para neutralizar la malhadada sentencia del Constitucional. Tiene tiempo e instrumentos legales suficientes. Gracias a la última modificación de la Ley de Partidos es posible ilegalizar una formación si su comportamiento revela complicidad o apoyo a ETA. Por tanto, el proceso para expulsar a los batasunos de los ayuntamientos y organismos forales no termina con la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que sigue vivo con la vigilancia atenta a la actuación de Bildu, de sus dirigentes y de sus cargos electos. Y al menor indicio de que favorecen a los terroristas, o los justifican o los exaltan, se ha de instar su ilegalización de forma inmediata.