Caso Marta del Castillo
Dos años de prisión para un cazador por usar cebos envenenados
El juzgado de lo penal número 2 de Lérida ha condenado a dos años de prisión a un cazador por utilizar cebos envenenados en una zona protegida de Montoliu de Segarra (Lérida) y a un año de cárcel como cómplice del delito a la mujer que le acompañaba el día de los hechos.
Las organizaciones ecologistas WWF y Fundación Conservación Buitre Negro (BVCF), que estaban personadas en la causa como acusación particular por este delito contra la fauna, han señalado en un comunicado que esperan que esta condena "sirva de ejemplo para los delincuentes que utilizan veneno".
Según WWF y BVCF, los condenados, junto con un tercer acusado que se encuentra en paradero desconocido, fueron descubiertos el 25 de junio de 2006 colocando cebos envenenados en el área de caza de Granyena, en Lleida, considerada una zona de especial protección para las aves (ZEPA).
En concreto, el arrendatario de la caza fue el único al que se interceptó colocando cepos, mientras que las otras dos personas le acompañaban.
La muerte por envenenamiento de varios perros domésticos en la zona fue lo que permitió poner sobre la pista del delito a los agentes rurales, que sorprendieron al cazador y a sus acompañantes cometiendo el delito.
La utilización de cebos envenenados como sistema de eliminación de predadores es un método masivo e indiscriminado y por lo tanto ilegal, ya que afecta a numerosas especies en peligro, como los buitres negros, las águilas reales, los milanos y todo tipo de carnívoros.
Se da la circunstancia, además, de que el departamento de Medio Ambiente suspendió la caza en el coto en el que ocurrieron los hechos durante dos años para favorecer las especies de caza o cinegéticas, como el conejo y la perdiz, que son la base de la supervivencia de la comunidad de carnívoros y carroñeros potencialmente afectados por el veneno.
WWF y BVCF recuerdan que esta es la décima sentencia favorable que consiguen en los tribunales de Lleida por casos de envenenamiento desde 2003.
La dos organizaciones esperan que esta nueva sentencia sirva para erradicar definitivamente el uso de cebos envenenados en la provincia y urgen a otras comunidades autónomas a crear patrullas especializadas en perseguir este tipo de delito contra la fauna.
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