El modelo de financiación socialista lleva a una oleada de recortes sociales

Valladolid- El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera quiere dejar las cosas claras y para eso pone los verdaderos números encima de la mesa. Por este motivo quiere advertir de que el nuevo sistema de financiación autonómica induce a una segunda oleada de recortes sociales
La Junta denuncia que el sistema condena a las comunidades autónomas «a la asfixia» económica y, con ello, pone en solfa al Estado de bienestar tal y como está en la actualidad en todo el país. De hecho, considera, que si se mantiene este modelo, servicios fundamentales, como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales, se verán abocados a nuevo recorte, «el segundo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero».
En un informe elaborado por el Ejecutivo autonómico en el que analiza los recursos que recibe la Comunidad a través del nuevo modelo, se pone de manifiesto que el incremento que se produce por la cesión de impuestos no compensa la reducción de los denominados fondos de solidaridad y el resultado es que nuestra Comunidad ha visto como sus ingresos por esta vía han caído un once por ciento y ha tenido que presupuestar 689,2 millones de euros menos que lo que hubiera hecho si estuviera vigente el modelo anterior.
En concreto, según este informe, por la vía de la recaudación de impuestos, llegarán a la Región 1.316 millones de euros más que con el anterior sistema, un 45,33 por ciento, debido tanto al incremento del porcentaje de estos tributos que recibirán las comunidades autónomas como a las previsiones al alza para 2011 del propio Gobierno. Sin embargo, a través de los fondos de solidaridad que se implantaron en el actual modelo de financiación, la merma de recursos que tendrá la Comunidad autónoma superará los 2.000 millones de euros. Así, Castilla y León tendría que recibir con el sistema de 2002 un total de 3.486 millones por el Fondo de Suficiencia; 37,9 por la asignación complementaria de la financiación sanitaria y 83,6 millones como compensación por la desaparición del Impuesto de Patrimonio, en total 3.608 millones de euros. Sin embargo, recibirá 664 millones como entrega a cuenta por el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos; 727,8 por el Fondo de Suficiencia Global y debería recibir 211 por el Fondo de Cooperación, que está presupuestado en las cuentas regionales para el próximo ejercicio, pero que el Gobierno ya ha anunciado que no va a transferir. Si finalmente, este último fondo no llegara a la Comunidad, la cifra alcanzaría los 900 millones de euros, de los que habló ya la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
En definitiva, los fondos del nuevo modelo supondrán unos ingresos de 1.602 millones de euros, frente a los 3.608 que recibiría antes, lo que suponen 2.005 millones de euros menos. En total, las dos herramientas del sistema aportan 689,2 millones menos que con el modelo anterior.

Sistema «muerto»
El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, señaló que estas cifras demuestran que el nuevo sistema de financiación autonómica «está muerto y necesita una revisión de arriba abajo» para poder continuar con la prestación de servicios sociales básicos que recae, en su mayor parte, en las comunidades autónomas. «Si se asfixia a los ejecutivos regionales se está induciendo a un recorte de los servicios sociales y sería ya la segunda oleada de ajuste del Gobierno de Rodríguez Zapatero después de que en mayo redujera las pensiones y los sueldos de los empleados públicos, suprimiera el cheque de maternidad y eliminara algunas prestaciones de la Ley de Dependencia», añadió.
Asimismo, acusó a Zapatero de «engañar» a las todas las comunidades autónomas ya que se dijo que el nuevo modelo de financiación tendría unos fondos adicionales de 11.700 millones de euros que habría que repartir entre todos los territorios «y no ha habido nada de eso, no hemos visto un solo euro de ese dinero». De Santiago-Juárez afirmó que la Junta ha podido salvar este nuevo recorte «porque se ha querido priorizar el mantenimiento de la calidad de estos servicios sociales, es decir, lo contrario que el Gobierno».