Castilla y León

La Junta exige a Blanco «que se ponga las pilas» en la gestión de obra pública

«En las obras del túnel de Peña Rayada retó a Antonio Silván y ahora de le cae la obra», señala el portavoz regional.

La Razón
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Valladolid- Un gafe anda suelto en el Gobierno nacional para Castilla y León. Ésa es la opinión que se tiene desde la Junta ya que, según su portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, «tenemos muy mala suerte con el ministro José Blanco», tras conocerse el derrumbamiento del Túnel de Peña Rayada en la provincia de Valladolid, correspondiente a las obras del AVE Valladolid-Palencia-León.
Por ello, el también consejero de Presidencia le ha recomendado que «se ponga las pilas para una adecuada gestión de la obra pública en Castilla y León» y lamentó ese mal fario que se tiene desde la Comunidad con el ministro, ya que también es responsable «del incumplimiento del Estatuto cuando las inversiones, en los presupuestos, no se tiene en cuenta la extensión territorial de esta Región».
Otro de los motivos alegados por De Santiago-Juárez, es que cuando «desde el Gobierno se habla de recortar, siempre se mira a Castilla y León» y el colofón lo marca el derrumbamiento del túnel de Peña Rayada, una obra donde el ministro de Fomento retó al consejero de Fomento, Antonio Silván, a mantener un debate sobre la inversión del Gobierno en infraestructuras.
Respecto a este asunto, la empresa constructora a la que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) adjudicaba la construcción de este tramo, explicaba a través de un comunicado, que el desprendimiento, a lo largo de 53 metros, se debió a la mala calidad del terreno y a las adversas condiciones climatológicas. «El desarrollo de las obras de construcción de este tramo, cuyo grado actual de ejecución es del 79 por ciento, no se verá afectado por esta incidencia», señalan.
Otra vez Garoña
De Santiago-Juárez también se refirió al nuevo nombramiento del secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, que cifró en su día, cuando trabajaba en una empresa privada, unos perjuicios económicos superiores a 950 millones por el cese de la nuclear. «Ojalá se revierta esta decisión ya que de momento no tienen una política energética clara, es muy errática». Lo que se tiene claro desde la Junta es que va «a hacer lo imposible para que no se produzca el cierre de Garoña», dice De Santiago-Juárez. Siempre queda la opción de que el PP llegue al poder el próximo año