Amorós y López Abad rechazan su responsabilidad por la situación de la CAM

Los ex directores generales de la Caja Mediterráneo desde el año 2001 hasta su intervención el pasado mes de julio, María Dolores Amorós y Roberto López Abad, han negado hoy cualquier responsabilidad en la situación actual de esta entidad, intervenida por el Banco de España el pasado 21 de julio.

Ambos han comparecido hoy en la comisión de investigación de Les Corts sobre la intervención de la CAM, aunque López Abad se ha negado a responder porque su actuación en esta entidad está siendo objeto de un expediente por parte del Banco de España y porque se enfrenta a una "posible imputación ante la Audiencia Nacional"

Los grupos de la oposición han considerado que su situación legal actual no le impide responder, motivo por el cual han pedido a los letrados de la cámara que elaboren un informe sobre la conveniencia de dar cuenta de su actitud a la Fiscalía, petición que será votada el próximo lunes.

A preguntas de los diputados, Amorós ha defendido que nunca se benefició de una mejora de sus condiciones laborales, y ha asegurado que cuando llegó a la dirección de la CAM asumió "una renuncia y una rebaja"de las mismas.

Según ha explicado, no tuvo competencias sobre las auditorías, la contabilidad o la información financiera de la entidad hasta que en 2010 fue nombrada directora general, a pesar de que formaba parte del consejo de dirección desde 1998.

"En modo alguno cerré con el presidente acuerdo alguno en beneficio propio", ha afirmado al ser preguntada por su retribución, que, ha asegurado, "quedó acordada por el Consejo de Administración"en noviembre de 2010 y era la misma que cobraba el anterior director general, y que estaba congelada desde 2008.

Ha explicado que su pensión, que le permitía acceder a una jubilación cuya renta era de 369.000 euros, supuso "una rebaja"de unos derechos que tenía reconocidos desde 2007.

Ha defendido que se esforzó con toda su "capacidad para llevar a buen puerto la estrategia de capitalización de la caja", tras la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP), y ha indicado que el escrito del Banco de España informando de la intervención llegó de forma "sorpresiva".

Amorós ha asegurado que el SIP no se rompió por las "dudas"sobre los datos de la CAM y ha destacado que el comité de dirección no percibió incentivos en 2010 "por acuerdo unánime de todos sus miembros", a pesar de que "en virtud de los datos del cierre"del ejercicio era posible.

Por su parte, el ex director general entre enero de 2001 y noviembre de 2010, Roberto López Abad, ha defendido la legalidad de todas las operaciones realizadas por esta entidad financiera, aunque se ha negado a responder a las preguntas formulados por los diputados.

Sin embargo, ha aprovechado su turno de palabra para realizar una breve declaración y se ha puesto a disposición de la cámara para cuando los citados procesos sancionadores "estén cerrados"porque "no hay nada que me apetezca más -ha dicho-"que "aclarar algunas cuestiones".

Así, ha defendido que los movimientos de la caja respondían a planes estratégicos a tres o cinco años, que se marcaban objetivos y fórmulas de seguimiento exhaustivas.

"La CAM contó con asesoramiento de primeras firmas nacionales en las operaciones que requerían especialización o informes, como la consultora KPMG, responsable los últimos 19 años de auditar las cuentas de la entidad y las empresas del grupo", ha afirmado.

El ex director general ha explicado que la entidad que dirigió "cumplió escrupulosamente con la legislación aplicable"y que, igualmente, la emisión de cuotas participativas "se ajustó siempre a la legislación creada al efecto y estuvo atentamente supervisada por la CNMV y el Banco de España".

Ha defendido que la CAM "nunca ha tenido una exposición al riesgo inmobiliario superior a la media de las cajas españolas".