La Audiencia Provincial mantiene a Rivas entre los cuatro imputados

SEVILLA- Poco más de un día tardó la Audiencia Provincial en concretar su decisión sobre los recursos presentados por las acusaciones y las defensas contra el auto de incoación del tribunal del jurado dictado por el juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya. La Sala Primera avala las tesis de la juez Mercedes Alaya y la Fiscalía ratificando la nómina de imputados, de manera que el ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, sigue inculpado por cohecho junto al ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y su directora de Proyectos, Regla Pereira, en la causa sobre la presunta petición de comisiones ilegales a los hosteleros de La Raza.
En el auto notificado ayer a las partes, los magistrados rechazan el recurso de Antonio Rivas al considerar «suficientes» las declaraciones inculpatorias de Mellet y Ponce. El primero aseguró que el ex delegado provincial le ordenó telefónicamente «que pidiera al Grupo La Raza una colaboración voluntaria de 300.000 euros para la realización de diversos proyectos de la Junta de Andalucía como compensación de la subvención» de 900.000 euros, concedida a la Fundación Mercasevilla para una escuela de hostelería cuya gestión sería adjudicada a esa empresa.
Según recuerda el auto, Ponce afirmó que el ex gerente le encomendó las negociaciones previas con el grupo hostelero sobre la viabilidad de la escuela, por «encargo» de Rivas y con su «participación en la concreción del proyecto» y su «seguimiento» en la tramitación de la subvención.
La Audiencia destaca que ambos coimputados realizaron estas aseveraciones ante la Policía y la Fiscalía y, de hecho, subraya que a Mellet «no le extrañó recibir» el encargo. Admite que el ex gerente y Ponce nunca ratificaron estas palabras «en sede judicial» al acogerse a su derecho a no declarar, pero incide en que «tampoco se han detractado de ellas, ni han sido contradichas más que» por el ex delegado provincial. La Sala Primera otorga «verosimilitud» a estas acusaciones y rechaza que Rivas pueda quedar «en indefensión» legal o que «su presunción de inocencia sea vulnerada», tal y como alega su defensa.
Los magistrados tampoco están dispuestos a sumar, de momento, el delito de prevaricación que reclama la acusación del Partido Popular, porque «no consta en las actuaciones el más mínimo indicio» de que la tramitación y concesión de la ayuda respondiera «a un plan preconcebido». Igualmente, se deniega el sobreseimiento exigido por Mellet, Ponce y Pereira al considerarles funcionarios públicos y con demasiada responsabilidad en Mercasevilla como para ignorar los hechos.

Ex consejero y «obstructor»
El Partido Popular sigue sosteniendo que Antonio Rivas formaba parte de la «cúpula» que tomaba las decisiones sobre gestión de la ayuda para la escuela de hostelería, junto al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero y al ex consejero Antonio Fernández, cuya incomparecencia en el juzgado el pasado jueves considera «intolerable». Para el portavoz adjunto del PP Beltrán Pérez, el todavía parlamentario socialista «sabía hace más de mes y medio que estaba citado» para testificar y «sabía que le estaban buscando hasta en los bares de Jerez», su ciudad natal. Pérez acusa a Fernández de participar en una «estrategia dilatoria» avalada por el PSOE y su secretario regional, José Antonio Griñán, y de «obstaculizar» la normal instrucción del caso en una maniobra más propia de un imputado que de un testigo. El dirigente del PP reiteró que el ex titular autonómico «no acudió a declarar deliberadamente».